Parece más que probable que, a estas alturas, y con el atracón electoral que se está viviendo, haya aún quien piense que la gente del común no espera sorpresas. Pero ocurre que entre mítines y propaganda, este periódico acaba de publicar un par de noticias que provoca, si se medita despacio, estupefacción. Resumida, asegura una de ellas que la falta de mano de obra provoca un alza del 20% en las contrataciones foráneas para los sectores de la construcción y el transporte en Galicia. La segunda, que las empresas del naval gallego solo captan 195 parados para cubrir 1.200 puestos vacantes. Y los contratados son alumnos de las unidades formativas con itinerarios diseñados "a la carta" por el sector.
Los datos tienen, por supuesto, varias lecturas, y parece probable que ninguna de ellas complazca del todo a los empleadores. Pero las sorpresas a las que se aludía en el introito son tanto más notables cuanto más se relacionan con los índices de paro que hay en este antiguo Reino. Y aunque en todo caso la realidad es la que es y tiene orígenes diversos -desde la emigración de muchos gallegos a la falta de formación específica para cubrir la demanda o los niveles salariales existentes- provoca extrañeza y exige medidas adecuadas cuanto antes.
(Es verdad que las propias empresas y la Xunta han puesto en marcha medidas para corregir la situación. Las patronales del sector preparando a jóvenes de cara al mercado laboral y el Gobierno gallego llevando a la FP la idea de la enseñanza prêt á porter relacionando directamente la oferta y la demanda de trabajo. Pero ambas requieren un tiempo que un país no se puede permitir en algunos casos. Y es ahí donde conviene revisar el estado de la cuestión de entrada de inmigrantes a Galicia, que no solo es ya una necesidad obvia sino que podría ser también forma de aliviar la crisis demográfica.)
Dicho todo ello puede resultar procedente una referencia al sistema vigente de fomento del empleo en lo que se refiere a ayudas y subvenciones. No para reclamar su eliminación sino sencillamente para solicitar una reflexión acerca de su utilidad práctica y los controles que se llevan a cabo tras las concesiones. Porque a la vista de lo que se comenta, no admite demasiada discusión que algún tipo de reforma, quizá en la línea de las iniciativas patronal y educativa, habrá que hacer y cuanto antes mejor. Para obtener mayor rentabilidad social al dinero público.
En ese sentido, y además de las líneas ya existentes para ayudar en la financiación de los nuevos empleos, no sería descabellada la apertura de un proceso de reflexión sobre la conveniencia de concentrar un poco más y coordinar mejor, las distintas vías financieras que se necesitan. Porque eso facilitaría su eficacia y desde luego su control, lo que redundaría en una ampliación de los éxitos cara al objetivo final. Y conviene no olvidar que el empeño por crear empleo constituye el mayor desafío social y económico que afronta ahora mismo la sociedad española, y que cuantas más ideas se aporten, mejor. Sobre todo si son realistas.
¿O no??
