El precio de la luz llega a ser hasta un 85% más caro para los grandes consumidores de energía en España que en otros países de la UE. Lo corroboran los datos que se conocen sobre las tarifas de consumos intensivos divulgados por Eurostat. Que las industrias padezcan las consecuencias de un marco eléctrico inestable lastra el progreso. Los altos costes minan la competitividad y ponen en riesgo la continuidad de las grandes corporaciones. Esta agitada situación destapa también la vulnerabilidad de relevantes grupos asentados en Galicia. Mañana las plantillas de Alcoa, Ferroatlántica y Celsa saldrán a la calle en Santiago para reclamar al Gobierno central una tarifa eléctrica competitiva para la industria que permita garantizar su futuro. Abaratar su precio es un grito compartido por empresarios y trabajadores.

La marcha, convocada por los comités de las cinco plantas gallegas bajo el lema "Por un futuro para la industria electrointensiva" concluirá ante la sede de la Xunta, a la que también piden que haga valer al máximo sus competencias para proteger las fábricas en Galicia. Está en juego la viabilidad misma de las plantas, por lo que reclaman unidos que no se demore más la puesta en marcha del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y las restantes medidas a las que se comprometió el Gobierno de Sánchez antes de las elecciones

Para estas tres compañías, el precio de la electricidad es fundamental en el desarrollo de su actividad, puesto que supone el grueso de sus costes de producción. Actuar por tanto sobre la tarifa energética, siempre determinante en la competitividad de un país, resulta primordial para conseguirlo. No es un cuento ni momento para la indiferencia. Es hora de disipar de una vez las amenazas. Y no solo para estas industrias de consumo electrointensivo, que aunque no estén emplazadas en el sur de Galicia son absolutamente cruciales para la economía de toda la comunidad. Las cinco plantas gallegas de Alcoa, Ferroatlántica y Celsa, ubicadas en A Coruña, San Cibrao, Sabón, Cee-Dumbría y A Laracha, con ser las más afectadas por los altos costes de la luz, no son las únicas.

La subida de la tarifa está afectando a muchas otras empresas referentes y a sus auxiliares, que pierden competitividad. El pasado septiembre, más de cien fábricas de componentes del sector del automóvil se vieron obligadas a negociar in extremis con otra suministradora de electricidad porque su compañía, con la que habían firmado un paquete de compra conjunto apenas unos meses antes, rescindió unilateralmente el acuerdo aduciendo que ya no era capaz de mantener el precio acordado. Esta situación se repitió en otros sectores, como el naval o la industria de procesado de la pesca. Incluso la principal industria del sur de Galicia, el Grupo PSA. Aunque en su caso por falta de infraestructura. La de Balaídos es la única fábrica de coches del país que carece de una conexión eléctrica de 220 kilovoltios (kV), lo que por una parte hace que pague más que el resto en la factura, y por otra, la somete a continuos huecos de tensión que generan pérdidas de producción y provocan averías internas. Aunque hace más de diez años que la fábrica solicitó su enganche a la red de 220 kV, ningún Gobierno ejecutó hasta ahora el proyecto, que sí cuenta en cambio con el visto bueno de Red Eléctrica de España (REE).

El precio de la electricidad cambia cada hora. Lo determina el kilovatio más caro producido por la última central (de carbón, eólica, nuclear, hidráulica, de gas o fotovoltaica) en entrar durante ese periodo en el juego de la oferta y la demanda. A las nueve de la noche del martes 7 de mayo, antes del partido de fútbol de Champions entre el Liverpool y el Barcelona, el megavatio se disparó hasta los 10.000 euros, cuando habitualmente cuesta 50. El parón de una térmica, la insuficiencia de las plantas eólicas para cubrirla y un elevado pico de consumo, con millones de personas en sus casas concentradas ante los televisores, provocaron el desmesurado subidón.

Las grandes compañías cuentan con tarifas especiales ajenas a estas circunstancias. Pero ese susto ilustra a las claras que un bien fundamental como la energía no puede estar sujeto a tantas arbitrariedades y vaivenes. Abaratarlo contribuye a que el motor de una economía funcione como la seda. A pesar de que el mecanismo de precios opera igual para todos los países comunitarios, Italia y España soportan la electricidad más cara de Europa.

En las últimas semanas la tarifa española llegó a duplicar a la italiana. Un aviso muy preocupante, mal que le pese a la ministra Ribera. Defender este sector productivo y sus miles de puestos de trabajo en absoluto resulta incompatible con luchar por la calidad ambiental y endurecer el control de las emisiones.

La marcha de los trabajadores de las industrias gallegas debe ser escuchada. La preocupación es máxima. Sería suicida quedarse de brazos cruzados y no actuar con serenidad y prudencia ante lo que está ocurriendo o hacer de pardillos pretendiendo liderar una descarbonización exprés a costa de miles de trabajadores sin saber hacia dónde vamos o qué beneficios obtenemos.

La debilidad de Alcoa, en situación límite, es vista por las plantillas Ferroatlántica y Celsa como un espejo para ellas si se dilata la solución del problema. El peligro fue señalado hace mucho, aunque nadie vislumbra soluciones y el tiempo corre en contra. No existen ahora mismo motivos para temer un efecto dominó. Tampoco para negar que el panorama puede complicarse enormemente y exige planes de actuación inmediatos.

Lo que está ocurriendo en materia de energía con este tipo de industrias no es exclusivo de Galicia. En la vecina Asturias, la situación se agrava con los recortes anunciados por el gigante Arcelor. Estamos pues ante otro problema común, que al igual que en infraestructuras, demografía o financiación, obliga a todo el Noroeste a redoblar la batalla por su futuro más unido que nunca, con el necesario compromiso e implicación de la sociedad en su conjunto.

La "transición energética justa", además de venir acompañada de alternativas para Galicia, bajo ningún concepto debe hacer perder a esta comunidad su ya escasa musculatura industrial. Toda la sociedad, no únicamente los políticos, debería reflexionar sobre ello. Y también formularse una pregunta: ¿Por qué lo que pasa en Alcoa, en Ferroatlántica, en Celsa y con este tipo de grandes industrias asentadas en esta tierra