Todo apunta a que Pedro Sánchez presidirá el Gobierno de España; para recuperar, al menos en parte, el tiempo perdido "gracias" a la inestabilidad política de los últimos años, sería bueno que fuera cuanto antes y mejor que esté dotado de la suficiente solidez.
Es muy probable que el candidato socialdemócrata se haya visto beneficiado tanto de la fase expansiva de nuestra economía, y la consiguiente creación de empleo, como porque es de suponer que la mayoría de la ciudadanía ha debido percibir de forma positiva las medidas adoptadas por el Gobierno surgido de la moción de censura de 2018.
El crecimiento de la economía durante el primer trimestre del año en curso muestra que España está resistiendo mejor que nuestros vecinos la indudable desaceleración de la economía mundial. No obstante, lo razonable es esperar que más pronto que tarde, las influencias negativas del entorno se dejen notar, especialmente porque nuestros gobernantes no han sabido aprovechar la bonanza económica de los últimos años para acometer profundas reformas que resultan imprescindibles para resolver los principales problemas del país.
Uno de los más serios de la economía española, en términos estructurales, es el muy lento crecimiento de la productividad, que ha ido acumulando diferenciales negativos respecto a la evolución media de las economías de la zona euro, lo que lastra nuestra competitividad, esto solamente se ha visto compensado, parcialmente, con hechos tan indeseables como la destrucción de empleo y la devaluación interna que ha penalizado las rentas del trabajo.
El enorme tamaño que ha alcanzado la deuda de nuestras administraciones, en un nivel muy próximo al 100 por cien del PIB, es otra de las trabas a las que se enfrenta la sostenibilidad del crecimiento de la economía española. Superada la importante recesión, derivada de la crisis financiera internacional, desde 2014 el gobierno de España no fue capaz de convertir el crecimiento económico en un aumento suficiente de los ingresos públicos que pudiera favorecer la más rápida reducción del déficit presupuestario y, por tanto, la disminución del stock de deuda.
La destrucción de empleo y la devaluación salarial, aspectos a los que ya he hecho referencia, han contribuido a profundizar en un problema tan relevante como la enorme desigualdad en la distribución de la renta. España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, y en los últimos años solamente unos pocos han resultado significativamente beneficiados del crecimiento económico. La desigualdad también tiene su origen en otros factores, por ello conviene recordar que no es cierta la manida frase de que, en economía, hay que elegir entre eficiencia y equidad; antes al contrario, para que el crecimiento sea sostenible a largo plazo, es imprescindible combinar la eficiencia económica con la equidad social.
Y qué decir del nivel de deterioro al que ha llegado el mercado de trabajo español. No solo se registra, todavía, un muy elevado desempleo --que, lamentablemente, según algunos expertos, está muy próximo a su nivel 'natural', lo que lo convierte en un serio problema estructural-- sino que el empleo existente es tremendamente precario, en gran parte temporal, con demasiada dedicación parcial, y mal retribuido.
En mi opinión, estos no son los únicos, pero si los problemas más relevantes de la economía a los que se enfrenta el nuevo gobierno: enorme desigualdad en la distribución del ingreso, descomunal deuda pública, funcionamiento totalmente deteriorado del mercado de trabajo y estancamiento de la productividad.
Todos los problemas tienen solución, pero no podemos afirmar con la misma firmeza que su resolución sea sencilla o inmediata. Se requieren reformas estructurales que llevan demasiado tiempo pendientes, a pesar de las muchas voces que han venido reclamándolas; reformas que, además, tardan tiempo en dar frutos. Y, desde luego, no me refiero a una reforma laboral que profundice en los errores de la de 2012.
Hay reformas que, además, pueden ir contribuyendo a dar soluciones a más de uno de los problemas mencionados. La economía española requiere de una auténtica reforma fiscal que, desde luego, no puede ir en la dirección de reducir impuestos, sin más, como algunos prometen.
El sistema fiscal español es ineficiente e injusto, lo que determina que su capacidad recaudatoria quede lejos de la media de los países de nuestro entorno, y, por tanto, que no se disponga de la capacidad financiera necesaria para ni, por una parte, mantener un estado de bienestar homologable, que coadyuve a reducir, progresivamente, las desigualdades existentes, ni, por otra, acometer las inversiones necesarias en materias tan importantes como la educación, investigación y desarrollo, transición energética e infraestructuras.
Un mayor nivel de ingresos públicos es también imprescindible para poder abordar una transformación total del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que garantice la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, resida donde resida en el territorio nacional, sin que ninguna de las comunidades vea disminuida su financiación per cápita y, así, sea más sencillo alcanzar el nivel de consenso que requiere la reforma del sistema.
Unos mayores ingresos públicos también deben permitir la reducción del nivel actual de deuda pública, así como acometer el gasto necesario para cerrar el gap que nos separa de nuestros vecinos en capital humano, investigación y desarrollo e infraestructuras.
Una de las reformas más necesarias y aplazadas en el tiempo, es la reforma educativa, que, además, debiera ser una de las apuestas más decididas de un gobierno que se considere progresista. Un adecuado nivel de preparación de nuestro capital humano es necesario para garantizar la igualdad de oportunidades, mejorar la productividad y el crecimiento, o favorecer la movilidad social.
Sin duda, la reforma del mercado de trabajo es otro de los retos pendientes. El mercado laboral ha de ser flexible, pero seguro. La reforma debe acabar, de una vez por todas, con la dualidad del mercado, contemplar cambios en la actual regulación de la negociación colectiva y permitir poner en práctica políticas activas de empleo eficaces. Las últimas reformas de este mercado solamente han servido para empobrecer los salarios e incrementar la precariedad, y esos problemas deben ser corregidos.
En definitiva, España necesita muchas reformas, algunas son más urgentes e importantes que otras, pero no podemos perder más tiempo en acometerlas. Ese es el gran reto al que se enfrenta el gobierno de Sánchez.
