Así pues, a la espera de lo que los partidos políticos hagan con los votos obtenidos -que no tiene por qué coincidir con lo que han dicho que harían- y a punto de abrirse las campañas municipal y europea, llega el momento de hablar de asuntos propios. Y desde dos puntos de vista claves, como son las posibilidades de que en la UE se oiga -a través de los diputados gallegos- y se decida lo que le conviene a este antiguo Reino. A la vez, en sus ciudades y villas se tratará de forma directa cuanto se ofrezca a su población y se medirá en las urnas la credibilidad de los oferentes. Dicho de otra manera, que ha llegado el tiempo de las cosas de la hacienda y de la vida domésticas, que son las olvidadas en las otras ocasiones.
Sobran ejemplos, conste, aunque es posible que se discutan desde la idea de que los comicios locales son solo para analizar y proponer remedios a asuntos de ámbito reducido. Pero, al menos desde la opinión de quien escribe, suponen también una ocasión excelente para definirse sobre fórmulas que implican la supramunicipalidad, la mancomunización y/o las áreas metropolitanas. Cuestiones todas ellas, por cierto, de interés primordial en cuanto a lo que suponen para la prestación de servicios claves en relación con la vida cotidiana de la ciudadanía.
En este punto no debiera eludirse la cuestión de las Diputaciones, ya que el 26-M incluye la supuesta elección de los representantes de los partidos en esas entidades. Se ha definido el proceso como "democracia indirecta" cuando en realidad es una fórmula que recuerda sistemas obsoletos, predemocráticos, que dejan en manos de los grupos políticos la designación personal en función de los votos obtenidos en cada partido judicial de diputados provinciales, que -eso sí- han de ser obligatoriamente concejales y que entre ellos eligen presidente de la Corporación.
(Lo de esos entes es otro ejemplo de la veleidad de la política y de la fragilidad de las "convicciones" de buena parte de quienes ejercen ese oficio. Ahora mismo, un número considerable de los integrantes de las Diputaciones, y muchos/as de quienes las presiden, son los mismos que han pasado años reclamando su desaparición. Y la única diferencia entre aquellos tiempos y estos es que ha dado la vuelta a la tortilla de sus gobernanzas; las prácticas clientelares, el reparto desigual en función de los colores municipales y demás hábitos se mantienen, aunque en algún caso mejor camuflados, lo que no legitima aquellos usos y costumbres).
Es cierto que el punto de vista que se expone no tiene por qué ser compartido, como tampoco la esperanza de que las críticas, bien intencionadas, ayuden a cambiar esa estructura territorial en el caso de que permanezca. Y, además, para reforzar otro argumento que prueba lo débil del discurso de algunos responsables corporativos que reclamaban la "coordinación" de las Diputaciones y ahora que las presiden se niegan a comparecer ante el Parlamento autonómico para dar cuenta de su gestión. La de Pontevedra es la única en Galicia que tal hace, pero puede servir como ejemplo de falta de coherencia. Vivir para ver.
¿Eh...?
