A uno, como español, le llena de legítimo orgullo, que nuestro Gobierno haya reaccionado, con reflejos y claridad de intenciones, a la orden de detención contra Leopoldo López, emitida por las autoridades judiciales venezolanas.
Reflejos, porque no ha esperado a actuar a que empezasen las súplicas, y claridad de ideas al dejar constancia de que "en ningún caso contempla la entrega (de López) a las autoridades venezolanas, ni su desalojo de la residencia del embajador".
El espectáculo de los voceros de la Comisión Europea, en su última reacción a las circunstancias en aquel país, ha vuelto a poner de manifiesto que la Unión no sabe qué pensar ni qué decir, que pueda ser del agrado de los 27 países miembros.
Y en el pecado lleva la penitencia porque su falta de posición propia en asuntos internacionales la convierte en un agente inane del tablero en el que se están ventilando cuestiones de enorme importancia para los ciudadanos europeos.
El ministro de Asuntos Exteriores español mostró su desacuerdo con una intervención militar exterior, reconoció a Juan Guaidó y apuesta por elecciones libres, bajo supervisión internacional.
El declive de la dictadura chavista, emparejada con los intereses propios del régimen cubano, que presta auxilio en cuestiones críticas (defensa, inteligencia y estrategia revolucionaria), acompaña la privación a la población civil de alimentos y medicinas, almacenados sin distribuir, junto a cortes de agua y electricidad, debidos a ineficiencias del sistema.
A España le corresponde jugar un papel más activo en la búsqueda de soluciones rápidas a una situación improrrogable. Un Estado fallido, sin recursos, que sigue contando con un ejército, hasta ahora obediente al régimen, necesita aliento moral como el que proporciona el Ejecutivo español, con su negativa a entregar a Leopoldo López a los carceleros.
En lo que ya se percibe como un conflicto diplomático de largo recorrido, con derivaciones nacionales, el ministro de Exteriores -en funciones- ha recordado que, de acuerdo con el derecho internacional, la figura de "huésped o acogido" en la Embajada implica, "naturalmente", una limitación en su actividad política.
Inmersos ya en la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo, los candidatos han encontrado un motivo adicional para pleitear con el aspirante socialista. Así, el aspirante de Cs, Garicano, le ha afeado que "se haya puesto de perfil ante la vulneración de derechos humanos" y ha exclamado que "dar a Leopoldo López la oportunidad de expresarse no es activismo político, sino defender la libertad allí donde más se necesita".
Por su parte, la diputada Álvarez de Toledo ha replicado las consideraciones del ministro, "matices y muecas cursis", pues no lo considera "activismo político" sino como "el más esencial y admirable activismo democrático, que el Gobierno de España debe apoyarlo con toda convicción y energía".
Entretanto, la Unión Europea ha ampliado su cautela al hospedaje de España al líder opositor y ha justificado su reserva en que "no comenta decisiones nacionales", pero no ha dejado de recordar al régimen venezolano que debe respetar la inmunidad diplomática de la legación.
Es comprensible que el Gobierno español, máxime en ejercicio provisional, extreme la prudencia respecto del perímetro que se establezca a la "acogida" en la Embajada del líder opositor que, es de esperar, haga honor a su condición y no comprometa al anfitrión más allá de lo necesario.
La opinión española, salvo escasa y conocida oposición, aplaude una decisión como esta, que es básicamente la protección de una familia cuya casa ha sido allanada por los servicios de inteligencia.
