Como es sabido, el derecho de voto está reconocido en la Constitución y, al instaurar una democracia representativa y no directa, tienen por finalidad hacer que los ciudadanos participen en los asuntos públicos mediante la elección libre y periódica de sus representantes en las Cortes Generales. Los Diputados y los Senadores son elegidos, como dice nuestra Carta Magna, mediante "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto". Desde un punto de vista instrumental, el voto se deposita, pues, con el fin de que cada ciudadano pueda elegir al partido que mejor represente su voluntad en orden a la participación política.

De lo que antecede se desprende que el voto, tal y como está concebido en la Constitución, tiene un sentido de utilidad, o si se prefiere, de responsabilidad, en la medida en que se trata de que cada elector escoja la formación que, a su juicio, esté mejor preparada para ejecutar el programa que más se aproxime a su manera de concebir la actuación política.

Sin embargo, el hecho mismo de que el sufragio sea libre y secreto permite al votante tomar cualquier decisión, incluida la más irresponsable. En efecto, la libertad de voto le permite votar por la opción que desee e incluso abstenerse, y hace posible asimismo que la decisión de cada votante tenga como fundamento cualquier razonamiento, inclusive la sinrazón. Pero es el secreto del voto el que asegura la verdadera libertad de decisión, porque al no tener que revelar el sentido del voto, nadie sabrá a ciencia cierta cuál fue su opción.

Desde los comienzos de la actual democracia, se persiguió que el voto tuviera una finalidad que prevalecía por encima de cualesquiera otras, que consistía en lograr unos resultados electorales que aseguraran la mayor estabilidad posible para impulsar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas. Y lo cierto es que, hasta las elecciones generales de 2015, los resultados electorales permitieron que siempre formara gobierno la formación política que tuviera más escaños. Hasta las indicadas elecciones de 2015, el ciudadano solamente debía preocuparse de que su voto fuera para el partido cuyo programa representara mejor su manera de entender la actuación política.

Sin embargo, a partir de 2015, los votos de la ciudadanía no se dividieron mayoritariamente entre dos grandes partidos, sino que se repartieron principalmente entre cuatro formaciones, las dos tradicionales: PP (123 escaños) y PSOE (90), y dos de nuevo cuño: Podemos (69) y Ciudadanos (40). La principal consecuencia de esta nueva composición del parlamento fue un considerable aumento de la inestabilidad, hasta tal punto que el veto del PSOE al partido mayoritario, el PP, condujo a la repetición, por primera vez en nuestra democracia, de las elecciones generales en 2016. Éstas elecciones modificaron, pero no muy significativamente, el anterior reparto de los escaños. Volvió a ganar el PP, con más escaños (pasó de 123 a 136), el PSOE obtuvo menos (de 90 pasó a 84), Podemos subió ligeramente (de 69 a 71) y Ciudadanos bajó (de 40 a 32).

Los indicados resultados mantuvieron la inestabilidad y dificultaron la formación de gobierno, hasta tal punto que fue el cese del Secretario General del PSOE por su propio partido y el nombramiento de una Gestora lo que hizo posible la abstención de este partido y con ello la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Pero la mayoría de escaños que apoyó entonces al líder del PP no llegaba a la mitad matemática del Congreso. Lo cual hizo posible que triunfara una moción de censura, votada por la mitad más uno de los miembros del Congreso, que convirtió en presidente del Gobierno al líder del PSOE que solo tenía 84 diputados. Lo más relevante fue, sin embargo, que la moción de censura fue apoyada por partidos independentistas, filo-terroristas y antisistema a cambio de las correspondientes contrapartidas que estaban en consonancia con sus idearios políticos.

Pues bien, la inestable legislatura de 2016 acaba de finalizar anticipadamente y por eso hoy nos vuelven a convocar a unas nuevas elecciones generales. Serán las terceras en cuatro años y todo parece indicar que el peligro de inestabilidad será mayor que en 2015, toda vez que el voto se repartirá, no ya entre cuatro formaciones políticas de ámbito nacional, sino entre 5 porque hay una más que es VOX con muchas posibilidades de obtener un buen número de escaños.

Todo lo hasta aquí dicho pone de relieve que, desde que se ha asentado entre nosotros el pluripartidismo, el voto ya no tiene solo por objeto elegir a nuestros representantes en las Cortes Generales, sino que tiene una finalidad ulterior, a saber: reducir o aumentar la estabilidad política y con ello afectar positiva o negativamente la acción de gobierno.

Llegados al punto en el que estamos, me parece necesario subrayar que hoy se van a celebrar unas elecciones generales que han sido convocadas al amparo de la Constitución Española de 1978 y con vistas a regular el funcionamiento de sus Cámaras, ya que se trata de renovar el mandato de los diputados y senadores. Y si esto es así, convendría tener bien presente que, aunque son elegibles "todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos" (art. 68.4 CE), convendría meditar serena pero profundamente el sentido de nuestro voto. Porque siendo las elecciones un acto constitucional, no parece que tenga mucho sentido votar, no ya a los que no defienden, sino incluso a los que rechazan abiertamente nuestros principios constitucionales recogidos en el Título Preliminar de la Constitución.

Hoy, más que nunca hasta ahora, exige a los "constitucionalistas" a tener bien presente que nuestro voto, además de para elegir a nuestros representantes, sirve también para defender la Constitución, por lo que deberíamos evitar que nuestros sufragios vayan a parar, de algún modo, a los que quieren romper la España constitucional.