Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española es el futuro del Estado, o, con más claridad, si todos los territorios que actualmente son España van a seguir siéndolo o si la relación entre ellos va a variar sustancialmente. Es sabido que en Cataluña hay un conjunto importante de fuerzas políticas y de ciudadanos que son partidarios de la segregación. Ocurre lo mismo en Euskadi, aunque esa voluntad tiene en estos momentos un menor grado de ebullición. En mucha menor medida, existen anhelos semejantes en otras partes del Estado. La postura de PP, Ciudadanos y Vox es clara al respecto: no. Es mucho más ambigua la del PSOE e, incluso, parece evidente que una fracción del partido es proclive a negociar la independencia en ciertas condiciones. Es esa la línea del PSC representado por Miquel Iceta y antes por muchos otros socialistas que han acabado en las filas independentistas.

En Euskadi esa tendencia la ejemplifica Jesús Eguiguren, cuyo buen entendimiento, por ejemplo, con Otegi y su aceptación de un referéndum viene existiendo desde muchos años antes de la tregua de ETA. Es clarificadora, al respecto, la lectura del libro "ETA, las claves de la paz", una especie de memorias de Eguiguren recogidas por el periodista Luis R. Aizpeolea. Se puede afirmar que la facción jacobina del PSOE ha sido derrotada hace tiempo. Desde la Declaración de Santillana (2003) el partido ha ido avanzando en la dirección del "federalismo asimétrico" que en aquellas fechas pregonaba Pascual Maragall. No estaba esa idea en aquella proclama electoral, pero con esa premisa se redactó el estatuto de autonomía que pactaron en una tarde monclovita los señores Mas y Zapatero. Y por esa razón, porque algunas de sus propuestas atentaban, ya no contra la Constitución, contra su letra, sino contra la igualdad entre los ciudadanos y los territorios de España, fueron anuladas esas propuestas por el Constitucional. Desde entonces, el PSOE ha ido avanzando hacia la idea de un Estado federal asimétrico, lo mismo en su 39.º congreso, como en la Declaración de Granada (2013). Más aún, tanto Zapatero con la ETA como Pedro Sánchez con los independentistas llegaron en un momento determinado a aceptar bien explícitamente un acuerdo exploratorio para una consulta, bien una serie de premisas que implicaban el reconocimiento implícito de la soberanía de Euskadi o Cataluña.

Las decisiones futuras, pues, del PSOE, la concreción de sus indefiniciones o la continuación de sus posiciones, constituyen una incógnita y son clave en el futuro de la estructura del Estado y la relación entre las partes. Hay quienes creen que la concesión del derecho de independencia (eufemísticamente, "derecho a decidir") para una parte del Estado o el otorgamiento para ella de ventajas fiscales o de otro tipo es un asunto que se limita a su mera ejecución en el territorio en cuestión. Entraña, sin embargo, una serie de consecuencias y reacciones en cadena: dejar en situación de marginación a la mitad de la población, la no nacionalista, en esos territorios; desatar una cadena de reivindicaciones y emulación: tras Cataluña, con seguridad, Euskadi, después otros; aumentar la desigualdad entre los ciudadanos de distintos territorios (la mejor atención social o los menores impuestos de Euskadi ahora provienen de su mejor financiación); abrir un largo período de inestabilidad política y social, con sus consecuencias negativas para la inversión, el empleo y el Estado del Bienestar en toda España.

No están en juego solo los discursos de los partidos o los privilegios o "derechos" de algunos territorios, todos estamos afectados, también nuestros "derechos". De forma, seguramente, no enteramente imaginable o controlable.