A estas alturas, y sobre todo tras leer la información de FARO en la que se daba cuenta de que el rural gallego ha sumado 200.000 propiedades en una década, resulta evidente que es preciso cambiar algunas cosas. Por ejemplo, y no tanto para hacer una broma cuanto para describir el problema subsiguiente, habrá que modificar la definición tradicional y en vez de minifundio será preciso referirse al "microfundio". Y, ya puestos, reclamar medidas para corregir la atomización del campo que, aquí, parece la madre de todas las batallas por la modernización.
Conste que uno de los datos que más llama la atención cuando se habla de la despoblación, la existencia práctica de dos Galicias separadas por líneas rojas de progreso, etcétera, es la casi total ausencia de propuestas específicas para combatir esa realidad. Claro que, dado que algo parecido sucede con la crisis demográfica, diríase que cuantos en estas latitudes podrían intentarlo se conforman con la mirada corta -que, creen, es la que les atañe- antes que alargarla e intentar que el futuro se asiente sobre pilares sólidos. Quizá eso no se lo agradezcan los votantes de hoy, pero el país de mañana seguro que lo haría.
(Hablando de votantes y elecciones, y aunque parezca una manía, resulta oportuno -al menos en opinión de quien esto escribe- insistir en la sorpresa que producen algunas ausencias en los discursos de los candidatos. Especialmente en los que piden un acta para representar a Galicia allí donde deben resolverse los grandes problemas, que es el Congreso. Una de esas ausencias es, por supuesto, la del abordaje de cuestiones que, por su seriedad y consecuencias, condicionan las vidas -y las haciendas- de la población, aportando propuestas concretas. Y plazos).
Escrito cuanto precede, quizá convenga explicarse un poco más. A partir de la idea, por supuesto, de que cuando se habla de atomización y "microfundio" y se considera una de las causas que mantienen el rural en el subdesarrollo, no se responsabiliza al Derecho Civil gallego. Ocurre, eso sí, que puede, y seguramente debería, analizarse su función específica y los efectos que produce, aunque expertos y doctores tiene la iglesia de la ciencia jurídica que lo sabrán resolver. Lo cierto parece que otros, en otras Comunidades y con otras instituciones tradicionales, parecen tener más ventajas que inconvenientes.
En este punto, y aunque pueda parecer redundante, no estorbará insistir en que el rural de este país, en trance de abandono, ha visto múltiples intentos, y en distintos ámbitos -desde el forestal al lácteo pasando por el agrícola y el de la industria transformadora-, para resolver los problemas que se derivan de su realidad. Y que no se han saldado más que con escasos éxitos, y parciales, sin hallar salida para los defectos estructurales. Y ese balance, del todo insuficiente, no es imputable sólo a los gobiernos que han intentado reformas, sino al escaso alcance de sus propuestas y, sobre todo, a la falta de un acuerdo colectivo de base que facilitase algunas de las acciones imprescindibles. Por eso habría que hablar de una responsabilidad colectiva: matizada, pero de todos.
¿O no...?
