Mantener sin recortes las partidas que hasta ahora recibía Galicia de los fondos estructurales y de cohesión es fundamental para nuestro territorio. Si aún con ellos el avance hacia la convergencia con Europa se resiste, en parte por el profundo impacto de la crisis, su laminación sería un descalabro. A eso abocaba la pretensión inicial de la Comisión Europea de reducir a la comunidad 1.140 millones para el periodo 2021/27 de los 2.770 que percibió en el último septenio. El desenlace está en el aire después de que Galicia lograse el respaldo de la Eurocámara para continuar en el mismo nivel. La asignación final pende ahora de lo que negocien el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Ante esta trascendental cumbre, toda la presión será poca. El nuevo Gobierno que salga de las urnas habrá de tenerlo en cuenta para echar el resto en la negociación y, si ésta no sale bien, comprometerse a compensar las ayudas que Galicia pierda por una discriminación injusta.
No eran buenas las expectativas ante el gran ajuste en marcha por Bruselas, pero la mediación de la Eurocámara abre una vía a la que nuestros responsables políticos deben aferrarse para mantener en el mayor grado posible unos cuantiosos fondos que Galicia sigue precisando. Que se queden como están es lo mejor que le puede pasar a nuestra comunidad puesto que la bajada todavía puede ser considerable.
Con la incertidumbre en la que está sumida Europa, por un lado, y con los partidarios de apretar las clavijas presupuestarias a costa de suprimir ayudas, por el otro, la amenaza persiste. Las nuevas prioridades de financiación de la UE son ahora otras bien distintas, como el control de la inmigración, el refuerzo de la seguridad y la transición digital, y la salida de Reino Unido recortará en 15.000 millones los próximos presupuestos comunitarios, con lo que los fondos estructurales y la dotación de la política agraria comunitaria peligran.
De que la reducción de esas partidas se acometa de forma moderada o mucho más drástica, dependerá el resultado final para nuestro territorio. El peligro real es que si hay menos dinero a disposición que hasta ahora, más dificultades habrá para acceder a esos fondos. Con los nuevos criterios y condicionantes que pretende aplicar Bruselas para asignar los recursos, solo Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha seguirían manteniéndolos, no así Galicia que afrontaría un recorte del 46% pese a descender de categoría de más desarrollada a transición. En el caso de España, además de Galicia, están en la misma situación Asturias, Ceuta y Melilla.
El Ejecutivo europeo quiere cambiar el método para distribuir estos recursos. Aunque el PIB per cápita sigue siendo el principal criterio, se tendrían en cuenta otros parámetros como el desempleo, el paro juvenil, los bajos niveles educativos, el cambio climático o la acogida e integración de los inmigrantes. De prosperar esta opción, según los cálculos de la Xunta, Galicia solo recibiría 1.629 millones de los Fondos de Desarrollo Regional (Feder) y de Cohesión, frente a los 2.770 del actual período 2014/20, un inquietante escenario que pondría a la comunidad en serios apuros.
Si hasta ahora la UE ha venido concediendo a las regiones que salían del "objetivo 1" un periodo transitorio de apoyo, en el que unas ayudas generosas se iban reduciendo de forma decreciente, con más razón las debe mantener a las comunidades excluidas, más todavía si como en el caso de Galicia bajan de categoría. Porque lo justo es que, aún siendo menores y progresivamente decrecientes, sigan siendo sustanciales dado lo mucho que todavía falta por converger y el lastre que ha supuesto el "tsunami" de la crisis para nuestro territorio.
Para esas regiones contar con ayudas adicionales europeas es una garantía y fiarlo todo a las ayudas estatales, a veces una quimera. De ahí la importancia del acuerdo alcanzado en la Eurocámara, a la espera de lo que decida la tríada europea. Que además se pase a tener en cuenta por primera vez el criterio demográfico en el reparto de fondos es, sin duda, un avance ante la apremiante necesidad de combatir la despoblación.
Los fondos europeos han supuesto una extraordinaria ayuda para Galicia desde 1986. La gran pregunta es si los ha aprovechado todo lo bien que debiera. Fundamentalmente, han servido para mejorar las infraestructuras. Por ejemplo, las autovías a la Meseta se han financiado en parte con fondos estructurales de la UE. Si éstos no hubieran existido, las inversiones tendrían que haber sido acometidas exclusivamente por el Estado español. ¿Lo hubiera hecho? o ¿lo hubiera hecho al mismo ritmo? Galicia, como decíamos, sabe bien que sin ese asidero todo hubiera ido a peor.
También sabe que los fondos europeos, aunque hayan sido cuantiosos, no le han servido para acelerar su convergencia con Europa como debiera. Aunque se ha avanzado, el despegue no ha sido el esperado, síntoma evidente de que su recuperación económica ofrece todavía serias dificultades. Pero poner en cuestión si Galicia si los ha aplicado bien, no implica discutir los fondos en sí. Por eso tan importante como reclamar su continuidad debe ser la redefinición de la estrategia de su mejor utilización porque más temprano que tarde, las ayudas europeas llegarán a su fin y es apremiante hacer la economía gallega más competitiva de lo que lo ha sido hasta ahora.
Queda poco tiempo para que la tríada europea llegue a un acuerdo que no deje injustamente mutilada a Galicia en su financiación. Los primeros emplazados para que esto no ocurra siguen siendo la Xunta y, sobre todo, el Gobierno español. Galicia debe transmitirle de forma inequívoca al nuevo Ejecutivo central que salga de las urnas que solo admitirá de él una actitud de lucha y eficacia en consonancia con lo que está en juego. O si no, asumir sus consecuencias. Por ejemplo, resarciendo el perjuicio con su propio presupuesto.
