Conocida la sanción de siete meses de suspensión -que conlleva el traslado forzoso- a doña Pilar de Lara, y a la espera de que se sustancien los recursos a los que tiene derecho su señoría, quizá no estorbe alguna observación. Que, formulada desde el animus opinandi, podría trasladarse también a sectores políticos y periodísticos que de algún modo han contribuido, directa o indirectamente, a los posibles daños causados a personas e instituciones. A las primeras de forma directa -en sus legítimos intereses y/o a su honor- y a las segundas en su imagen.
Y es que, vistos los motivos de la sanción que por supuesto niega la jueza, procede de inmediato la pregunta del "y ahora, ¿qué?" referida al que parece obligado resarcimiento a los afectados por las consecuencias de lo que el CGPJ estima como dilación indebida de los casos, entre otros argumentos. Resarcimiento que no tiene por qué evaluarse, pero que sin duda requiere alguna explicación y seguramente una disculpa. De momento, la jueza ha declarado lo incómoda de su situación, denunciado amenazas, insultos y hostigamiento hacia su persona y familia, conductas del todo inaceptables que deben denunciarse.
A partir de ahí es inevitable -y justa- una cita de la posibilidad de que en esa dilación haya influido decisivamente la escasez de recursos, o quizá su insuficiente adjudicación al juzgado correspondiente. Del mismo modo que da la impresión de que si cupiera una moraleja al asunto de la señora De Lara sería la de que "quien mucho abarca, poco aprieta". Sin que de la cita haya de concluirse que lo importante es "apretar" en sentido literal, sino "abarcar" en su posible significado estrictamente ocupacional.
Expuesto pues cuanto precede, cabe otra observación. Y es que, más allá de lo que pueda haber de daños personales producidos por los retrasos e incluso por la sanción administrativa -de siete meses "y un día", duración que, con ese séptimo mes, implica el traslado forzoso si no prosperan los recursos- debiera preocupar la permanencia de implicados en los casos pendientes. Que tienen derecho a una pronta resolución, aunque sólo sea por el tiempo ya transcurrido y que el propio CGPJ señala como indebido, lo que les cerró caminos que podían haber recorrido.
A la Justicia corresponde resolver esa situación. Y por supuesto a la política habilitar los medios para que, al menos a causa de su escasez, no se repitan acontecimientos como los que se han vivido. Y ahora, en campaña electoral, es un momento magnífico para que los candidatos expliquen públicamente sus propuestas en ese sentido. Pero no en el debate "a cinco" que parece prefabricado para mayor gloria del presidente en funciones señor Sánchez, sino en uno auténticamente útil que garantice la real igualdad de oportunidades. Y si esa no fuere la ocasión, sobran mítines para las ofertas concretas y claras, por supuesto. Ocurre que a día de hoy, aquí, eso parece mucho pedir. Por desgracia.
¿Eh??
