El primer plan energético de la democracia, debatido en 1979 y que en gran parte pivotaba sobre el carbón, fue un ejemplo de discusión democrática. Por el Congreso pasaron los agentes que tenían algo que decir, y el Congreso debatió y aprobó (con consensos de importancia) las resoluciones sobre su contenido. Cuarenta años después se airea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, documento fechado hace un par de meses. Su contenido es discutible, sus efectos sobre grandes áreas de la economía y el territorio españoles serán drásticos y su necesidad -con un alcance u otro- es evidente. Podemos ir en una dirección o en otra, y a más velocidad o menos, pero lo que importa es que sea el Congreso el que debata y decida. Todos los candidatos deberían comprometerse a asegurar ese debate y acreditar que están preparados para afrontarlo. Al final legislar es un trabajo, no un conjunto de muecas.