El real decreto sobre autoconsumo de energía aprobado por el Gobierno en el último -por ahora- de los consejos de ministros que funcionan como arma electoral ha desatado la euforia en las empresas que comercializan las placas solares. Al desaparecer el "impuesto al sol" y facilitar la venta de los excedentes domésticos producidos se abre la puerta incluso a la instalación en casa de placas fotovoltaicas de más para poder hacerse con unos eurillos. No es raro que las comercializadoras de energía eléctrica hayan calificado de medida estrella la del Ministerio para la Transición Ecológica -nombre genial, por otra parte- que redefine lo que es el autoconsumo.
Que tanto el Consejo de Estado como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hayan dado el visto bueno al real decreto, asegurando esta última que la medida beneficia a los consumidores y al ecosistema, hace prever que pasará sin mayores trabas el último filtro, el de la diputación permanente del Congreso. La nueva regulación del autoconsumo se da, pues, por presente y lleva a los comentaristas tanto a preguntarse por qué el Gobierno anterior -el de Rajoy- penalizaba la energía obtenida en casa como a lanzar las campanas al vuelo ante la llegada de vientos liberales.
Pero a quien es perro viejo le molestan las pulgas incluso cuando han sido expulsadas. Por la sencilla razón de que en España, si existe un temor superior al de la estupidez en las decisiones que toma la clase política, ese pánico corresponde a la facilidad con la que cambian de opinión los que tienen el Boletín Oficial del Estado a mano. ¿Quién nos garantiza que a este real decreto que apuesta por las ovejas churras no le seguirá otro vendiéndonos las merinas? Los vaivenes en las medidas que afectan de forma decisiva a los bolsillos de los ciudadanos se suceden a cada poco, con otra medida estrella, la del suelo edificable en los planes urbanísticos, haciendo de veleta que apunta a todas partes. O, si salimos ya de la cuestión económica para entrar en otra aún más alarmante, la de la educación de los críos, con los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria a los que se quiere dar la vuelta siempre que lo hace el Gobierno.
Dónde está el antídoto contra los perjuicios que genera tanto cambio es algo sabido: en los pactos de Estado que, como poco, deberían afectar a la sanidad y la enseñanza -es un escándalo que sean a la carta autonómica y no iguales para todos- pero también podrían garantizar un asunto de tanto calado como es la producción y consumo de energía. Pero aunque casi todos los partidos reclaman pactos de Estado, jamás ha habido legislatura alguna que se tomase en serio el firmarlos. Con lo que quizá, antes que hacerlo con el autoconsumo, haya que ponerse a regular el auto sentido común.
