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Joaquín Rábago.

Derecho a la vivienda

En mis años de corresponsal en Viena, pasaba todos los días, camino de mi trabajo, junto al histórico Karl Marx Hof, enorme complejo de viviendas construido en los años veinte del siglo pasado por Karl Edmund Ehn, un discípulo de Otto Wagner, el más famoso arquitecto de la Viena imperial.

Era una soberbia fortaleza de más de un kilómetro de longitud y distintas alturas -entre cuatro y seis plantas por bloque- que se sigue considerando hoy prototipo de la vivienda social y sería imitada en otros lugares de la entonces llamada "Viena Roja".

Los apartamentos eran pequeños, pero tenían todo lo que necesitaba una familia obrera para vivir, y los bloques estaban dotados de todo tipo de servicios -escuelas, baños y una biblioteca- además de disponer en su interior de espacios verdes para diferentes usos de la comunidad.

Lo concibió el Gobierno municipal socialista en los primeros años de la nueva República austriaca y se financió con impuestos a los ricos, entre ellos los adinerados caseros, muchos de los cuales votarían luego el partido fascista.

Por cierto que el Karl Marx Hof se convertiría en uno de los principales bastiones de la resistencia socialista durante la breve guerra civil de 1934 y como tal fue bombardeado por las fuerzas que apoyaban al canciller pro-fascista Engelbert Dollfuss, quien sería a su vez asesinado al poco tiempo por un grupo de nazis.

Casi un siglo más tarde, Viena, gobernada todavía por los socialdemócratas, sigue contando con el mayor parque de viviendas sociales de cualquier ciudad del mundo: cerca de un tercio de los casi 2 millones de habitantes habita una vivienda municipal o perteneciente a alguna cooperativa. Y sólo un 55 por ciento es propietario.

No es pues de extrañar que otras ciudades como Berlín la observen con envidia. En esta capital, al igual que en otras muchas ciudades de Alemania, los alquileres se han disparado en los últimos años por culpa de la presión demográfica y la especulación hasta el punto de que la vivienda se ha convertido en el mayor problema social.

Ello explica que, hartos de la evolución de los precios, los berlineses se hayan lanzado a la calle para protestar y hayan iniciado una recogida de firmas para exigir que se expropie a empresas que, cotizando en bolsa y buscando sólo beneficios, especulan con algo tan fundamental como es el derecho a la vivienda.

En el punto de mira está por ejemplo la empresa Deutsche Wohnen und Co, propietaria de más de 110.000 viviendas en la capital alemana y a la que muchos acusan de actuar como tantos otros tiburones inmobiliarios, es decir, echando a los antiguos inquilinos a base de subirles los alquileres.

Esa y otras empresas del sector se defienden diciendo que las subidas están justificadas por las obras que han acometido de modernización de las viviendas -nuevas ventanas, sistemas de calefacción más eficaces y mejor aislamiento- pero los inquilinos no entienden por qué han de asumir unos costes que en ningún caso pueden permitirse.

Traen a colación el artículo 15 de la Constitución alemana que permite, aunque ciertamente sólo en determinadas circunstancias, la expropiación del suelo y de los medios de producción, y argumentan que la vivienda es un derecho fundamental y no una mercancía o un negocio.

La gravedad del problema es tal que incluso un semanario liberal como Die Zeit, aunque crea que ni siquiera un gobierno de izquierdas como el actual de Berlín va a atreverse a expropiar a esos tiburones, entre otras cosas por lo que costaría indemnizarlos, al menos todo ello hará que las autoridades tomen cartas en el asunto y no sigan fiándolo todo a las fuerzas del mercado, que es siempre la ley del más fuerte.

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