Llevamos un par de semanas hablando sobre el superávit de la Comunidad Autónoma gallega en 2018 y qué hacer con él. Las finanzas autonómicas son un asunto de cierta complejidad y, por ello, susceptible de confusiones y malentendidos. Vayamos por partes.

¿Son 125 millones de euros como dice la Xunta, o 104, como dice el Ministerio? El cálculo del superávit no es resultado de sumas y restas simples y directas. La forma en la que hay que contabilizar una pequeña fracción de la enorme cantidad de operaciones que realiza la Xunta todos los años es susceptible de discusión e interpretación. La diferencia entre las cifras obedece a esa diversidad de criterios. Toca discutir entre las administraciones para ponerse de acuerdo. La cantidad final acabará en un punto intermedio.

¿De quién es el dinero? De los gallegos. En esencia, los ingresos fueron superiores a los previstos, generando un excedente. Ese excedente es de los gallegos. La legislación existente prevé que esos superávits se utilicen, en principio, para reducir la deuda pública de Galicia. Eso se aprobó hace unos años en un escenario en el que la deuda crecía sin parar y todo parecía poco para frenar el proceso. Sin embargo, y por motivos en los que no entraré para no extenderme en demasía, las Corporaciones Locales empezaron a generar unos enormes superávits; tanto que algunos pasaron a eliminar su deuda y acumular dinero en los bancos. Ante esta situación, se modificó la legislación para permitir que los municipios pudiesen optar por utilizar su dinero en inversiones en algunas áreas. En 2018 se extendió esta posibilidad a las CCAA. Posibilidad que, gracias a la presión de la Xunta de Galicia y otros gobiernos autonómicos, se ha ampliado a 2019.

¿En qué se puede gastar ese dinero? Pues me temo que mientras no se cambie la legislación, en inversiones, no en gasto corriente. Puede utilizarse para construir escuelas y centros de salud, pero no para contratar médicos o profesores. Podemos convenir que esto no es razonable y que se mina la autonomía de los gobiernos subcentrales. Pero es lo que hay. Habrá que pensar en modificar la legislación vigente. Pero eso requiere discusión en el Congreso y consenso.

Me temo que no llegaremos a tiempo. La Xunta debe conformarse con reducir deuda o pensar en un buen programa de inversiones. Un buen momento para aprovechar y autoimponerse el requisito de que cada proyecto de inversión que supere un determinado importe (¿1 millón de euros? ¿Comenzamos en 5 millones, para luego ir bajando?) vaya acompañado de un informe independiente sobre su rentabilidad social. Para no meter la pata y acabar malgastando el dinero. Otros países lo hacen y les va muy bien. Hace seis años el Foro Económico de Galicia publicó su informe 5/2013 al respecto. Lamentablemente, no hemos avanzado nada desde entonces.

*Director de GEN (Universidad de Vigo)