A partir de la idea de que el mundo de las farmacias ya no es lo que era -al menos desde el terreno del negocio, si es que puede llamarse así- y de que hay algunos aspectos de ese cambio a peor en los que han tenido responsabilidad las administraciones, la primera cuestión a plantear es la de si el proyecto de ley aprobado por la Xunta resolverá o no los problemas actuales. Que no son pocos y que afectan, además de a las boticas, a sus clientes, una óptica que los convierte en asunto de incumbencia ciudadana ya que tarde o temprano todos pasan por esa taquilla.
Esa primera cuestión, la de la utilidad del nuevo texto regulador, ya se ha puesto en duda, y nada menos que en un informe del Consello Económico r Social. Critica, el CES, que algunos contenidos del proyecto, especialmente los que se relacionan con el problema de la atención al rural, no parecen suficientes para resolver lo que durante muchos años ha sido evidente: que esa insuficiencia era real y que provocaba en los afectados no sólo incomodidad sino, quizá exagerando un poco -man non troppo- también un punto de riesgo.
Resulta cierto que una gran parte de esas deficiencias no son imputables a las farmacias ni a los farmacéuticos sino a las normas que han limitado -con parámetros de distancias y número de habitantes- la libertad de lo que podría ser considerado un lugar de comercio y sin embargo se tiene por una especie de centro de salud. Obviando que los que sí lo son, desde sanatorios a consultas de médicos y profesionales de la Sanidad, no tienen aquellas limitaciones. Un extraño modo de entender lo que hace cada uno y que desde luego no perjudica a las boticas.
Así las cosas, e insistiendo en que muchos de los problemas de las farmacias se deben a la Administración, que ha acumulado en todos estos años, y especialmente desde 2008, el pago de facturas cada vez más cuantiosas precipitando así la crisis de muchos establecimientos, no abundan los que creen que la ley de la Xunta va a mejorar las cosas. Tampoco los problemas principales pendientes, ni normalizará su aspecto comercial adecuándolo a la realidad. Y, más claro aún, falla en lo que al rural se refiere, sobre todo a la hora de prestar servicios imprescindibles.
Obviamente, se trata de una opinión, pero la fórmula que se establece en la futura ley, en cierto modo con "sucursales" -en términos coloquiales- repartidas por las zonas del interior que necesitan más atención, sólo complicará las economías de las boticas sin dejar zanjado el problema. Y en cuanto al reparto a domicilio sugiere también, al menos de momento, una cierta improvisación que impide ver con claridad cuáles podrían ser sus beneficios, si los hay. Puestos a imaginar, "salen" más complicaciones que aspectos positivos, y más dudas que certezas. Por eso hay ya quien cree que la iniciativa del ejecutivo gallego causará muchos dolores de cabeza. Y en eso, al menos, proporcionará ingresos a las farmacias por la venta de aspirinas.
¿O no??
