Sigo de forma intermitente las sesiones sobre el llamado 'procès' independentista en Cataluña que se desarrollan en el Tribunal Supremo. El interés de las primeras jornadas estuvo centrado en la declaración como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, del exministro del Interior, señor Zoido, del secretario de Estado de ese mismo departamento y de otros cargos de menor rango. Y lo más curioso de todo fue observar cómo los máximos representantes de la gobernación del Estado cuando se produjeron los hechos alegaron no conocer casi nada sobre los graves acontecimientos que concluyeron con una declaración unilateral de independencia (aplazada, eso sí) en el Parlamento de Cataluña.
Prácticamente ninguno sabía nada sobre lo sucedido y su fuente de información principal fueron, al parecer, las informaciones difundidas por los medios y de forma especial las imágenes de los noticiarios de la televisión. Vamos, como le sucedería a cualquier hijo de vecino que mostrase algún interés en estar enterado sobre lo que ocurre en su país. El señor Rajoy hizo su habitual ejercicio de galleguismo evanescente y solo fue muy concreto para enfatizar que él, como gobernante, no tuvo otro objetivo que cumplir con lo que ordena la Constitución y hacer todo lo posible para que el conflicto no se agravase y los dirigentes independentistas no dieran más pasos hacia el abismo. ("No me obliguen a hacer lo que no quiero hacer" les había recomendado en referencia a la posible aplicación del artículo 155 de la Carta Magna). Y la misma o parecida partitura interpretó la señora Sáenz de Santamaría a preguntas de los abogados de la defensa, que trataron dialécticamente a tan distinguidos testigos como si realmente fueran ellos los acusados.
Por suerte, el interés volvió a rebrotar con la comparecencia de los cargos que tuvieron que lidiar en directo con el problema. Como el señor Maíllo, que era por entonces el delegado del Gobierno en Cataluña, que en las cuatro horas que duró su testimonio estuvo más preciso y coherente que los que habían sido sus jefes. Unas virtudes, las de coherencia y precisión, que no se cansa de recabar el presidente de la Sala para las preguntas de los letrados habida cuenta de que el número de los testigos propuestos se acerca a los quinientos, lo que puede hacer eterno el juicio a poco que se permitan manifestaciones que no vienen al caso con lo que allí se dilucida.
Al margen de todo eso, es obvio que el objetivo de los abogados defensores es llevar al ánimo del tribunal que sus patrocinados nunca alentaron la violencia desde las instituciones y sobre todo que la declaración unilateral de independencia en el Parlamento autonómico solo tenía un alcance simbólico. Este último argumento me recuerda la tesis del jurista norteamericano Oliver Wendell Holmes sobre los límites de la libertad de expresión desde la perspectiva del realismo jurídico. Y por poner un ejemplo se pone el caso del que en un recinto lleno de personas, como puede ser un teatro, alguien da el grito de ¡Fuego! sin medir las consecuencias del pánico que puede provocar. Luego, no vale decir que era una broma.
