En el discurso que Juan Carlos I pronunció ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978, calificó la Constitución como "la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática", y la consideró como el "marco jurídico de nuestra vida en común". Pues bien, teniendo en cuenta que para las cosas complicadas hace falta un manual de instrucciones podríamos calificar la Constitución como el manual que ha de instruirnos en la práctica diaria de nuestra convivencia democrática.

En efecto, por circunstancias históricas de todos conocidas, extinguido el régimen franquista a finales de 1975, España tuvo que dotarse de un nuevo manual en el que compendiar las reglas para la vida en común que se iniciaba a partir de entonces. La tarea no era fácil porque había que compatibilizar los plurales y contrapuestos intereses de toda la ciudadanía que llegaban encauzados a través de las formaciones políticas, sociales y económicas que representaban al dividido pueblo español de entonces.

El propio Rey Juan Carlos en el indicado discurso describió con precisión la meta que se perseguía en aquellos momentos: "Desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, para lograr una España unida en sus deseos de paz y de armonía". E hizo algo más, nos indicó cuál era el camino: sacrificar en lo que fuera preciso nuestras opiniones para armonizarlas con las de otros; combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer; y postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común.

Vistas las cosas cuarenta años después, se puede afirmar que el camino lo anduvimos bien, o, lo que es lo mismo, los constituyentes elaboraron un buen manual dotado de unas reglas de juego equilibradas que garantizaban nuestra convivencia democrática. Con una gran generosidad, armaron y consolidaron en la Constitución un Estado social y democrático de Derecho bajo el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular, asentado en los siguientes pilares: la indisoluble unidad de la Nación española, considerada patria común e indivisible de todos los españoles, el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España y la solidaridad entre ellas, la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español y un amplio y completo repertorio de derechos y libertades para hacer efectiva la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La meta que se perseguía en 1978, que era, recuérdese, en las citadas palabras del Rey "desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia", fue puesta en peligro, porque, como el mismo Rey nos advirtió en el reseñado discurso, "la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil". Desde entonces hasta hoy, nuestro valioso manual para la convivencia democrática, sufrió dos serios ataques: el fracasado golpe de Estado militar de 1981 y reciente el golpe de Estado jurídico de los independistas catalanes. Frente al primero, el Estado español reaccionó según el mecanismo de defensa previsto en la propia Constitución: intervino el Poder Judicial y se administró justicia contra los golpistas. Respecto del segundo, estamos asistiendo estos días al enjuiciamiento de los líderes independentistas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Pues bien, como estos días estamos escuchando atónitos los injustificados e infundados ataques que lanzan los golpistas catalanes contra nuestra Constitución, finalizo con otras palabras del tan citado discurso de Juan Carlos I "debemos abrigar también? el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades". Y es que cuando a una parte de los beneficiarios de la reglas no les gusta el manual de instrucciones la solución no es tomarse la justicia por su cuenta y romperlo, sino convencer a todos los demás usuarios de las razones que les asisten para modificarlo.

*Catedrático de Derecho y escritor