Arranque del juicio en el Supremo

Día 1 - La estrategia de las defensas

El primer día del juicio al procés trae al recuerdo la película de Giuliano Montaldo: "Sacco e Vanzetti". Sin pretender que exista un paralelismo con la vista que ha comenzado hoy, viene a la memoria el papel del abogado que comulga con las ideas políticas de sus clientes y el abogado que no atiende a la ideología y se concentra en su papel defensor de la legalidad. Tiempo habrá de volver sobre ello y fijar la atención sobre las figuras de ambos letrados.

La apertura de hoy, 12 de febrero, fecha de referencia en el santoral político español (el "espíritu del doce de febrero", con la tímida apertura del Régimen), arroja un balance esperado, sin sorpresas.

Las defensas de los enjuiciados han concentrado su trabajo en poner en cuestión al tribunal, los derechos no respetados, "ha habido una suspensión generalizada e indebida" de los derechos políticos y, en definitiva, la legitimidad del juicio. "Esta causa atenta contra el derecho a protestar".

Ha sido un día de protagonismo absoluto del banquillo pues la acusación no ha tenido ocasión de refutar ninguna de las afirmaciones que se han vertido en las seis horas que ha durado la vista. No tocaba.

En el capítulo de las leyendas, ha llamado la atención que a la llegada de Torra a la sala, tras ser recibido con honores por el presidente del Supremo, las cuatro filas del banquillo han girado la cabeza para responder al saludo del presidente de la Generalitat, en tanto que tres de ellos se han abstenido: Junqueras, Mundó y Vilá. Quien fue más ostensible en el rebote fue Junqueras que dio la impresión de hacerle la "cobra", de manera que el presidente vicario tuvo que esperar cinco horas para que el principal acusado del juicio le saludase.

Es difícil de interpretar ese gesto, en cada caso, salvo en el de Santi Vilá, bestia negra de sus compañeros de banquillo, al que acusan de insolidario por haberse bajado del barco cinco minutos antes de la declaración de independencia. Eso le ha supuesto librarse de la cárcel y estar en libertad provisional. El transcurso del juicio permitirá averiguar alguna de las claves, que las hay también en esta ocasión.

El abogado de Junqueras y Romeva combina nombre catalán, Andreu, con apellido de linaje holandés, van den Eynde, con antepasados flamencos, hijo de trotskista fundador del FOC (Front Obrer Catalá) y madre notario. Aficionado a la serie de televisión "Perry Mason" y atraído por la figura de Malcom X.

Para este penalista, el juicio es un espejo del sistema judicial español y su estrategia de ataque con modales resulta eficaz para el público que está pendiente del juicio por streaming y para los cientos de periodistas que están siguiendo la vista.

Su alegato político del derecho a la autodeterminación ha centrado la intervención para desembocar en la "causa general y prospectiva contra el independentismo", que es donde quería llegar.

Ha criticado que el juez instructor (Llarena) sostuviese que no había una vía pacífica de solución de los conflictos y ha defendido, con pasión, que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos sí que permite hablar de la independencia" de una entidad subestatal "en términos de pueblo oprimido lucha, resistencia".

En su opinión, la autodeterminación es la fórmula para que no haya conflictos en el mundo. Para terminar sentenciando que: "No hay nadie en Europa que entienda que la respuesta a estos hechos deba tener esta severidad".

No ha dejado pasar la ocasión sin negar que no ha habido delito de rebelión, la madre de todos los delitos que se ventilan en este juicio.

Mano izquierda, también esperada, del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que en su administración de la disciplina tiene muy presente que la televisión está recogiendo cada gesto.

Por lo demás, del atrezzo alrededor del juicio llaman la atención las banderas republicanas que han tomado el lugar de las esteladas. No hubo paseíllo. Pocos lazos amarillos. Muchas colas soportadas por periodistas, familiares e invitados y ataques a la web del Supremo, sin mayores consecuencias.

En resumen, la estrategia desplegada por la defensa del principal encausado ha resultado eficaz para los seguidores del juicio, sobre todo para los que lo hacen fuera de las Salesas.

Día 2- "No hay una soberanía catalana"

En la segunda jornada del juicio, el protagonismo ha sido de los fiscales, que han respondido a las acusaciones desgranadas ayer por las defensas de los encausados.

El fiscal Javier Zaragoza es un veterano conocido del mundo judicial, pues no en vano ha estado un buen número de años en la primera línea, defendiendo el interés público frente al terror, como fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián y fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Su primer alegato, sobre la naturaleza del juicio, en respuesta a las defensas de los líderes secesionistas, ha sido contundente: "Este es un juicio en defensa de la democracia española y el orden constitucional que consagró la Constitución del 1978, que en Cataluña obtuvo un respaldo mayor que en el resto de España. Ni se persiguen ideologías, ni se vulnera el derecho a votar, ni se impone caprichosamente una unidad territorial".

No se anduvo con rodeos en la calificación de los hechos: "Los doce investigados trazaron 'un plan criminal' de 'gran complejidad y alcance'. El derecho que se vulneró durante esos días de octubre fue el que ampara a 'la mayoría silenciosa de Cataluña, una mayoría del censo que no participó en la votación', y también los de 'todos los ciudadanos españoles a intervenir en una votación que les afectaba muy directamente'".

Y completó su testimonio: "Algunos escritos de las defensas parecen libelos acusatorios que pretenden crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desprestigiar la justicia española y cuestionar la calidad democrática del Estado de derecho".

Zaragoza carga con la responsabilidad de mantener una acusación pública que no comparte la Abogacía del Estado y, tras 38 años de carrera en primera línea de fuego, sabe muy bien que conseguir una condena de rebelión no le va a ser tan fácil como arrancar decenas de años de cárcel para los terroristas o los narcos, como ha conseguido a lo largo de su carrera.

Quizás menos conocido para el gran público, Fidel Cadena, fiscal de Sala del Supremo, compañero en la carrera de Derecho de Javier Zaragoza y ambos aragoneses, fue encargado de la tramitación de las fallidas euro órdenes de entrega contra Puigdemont en Bélgica y Alemania. Tiene también un inestimable currículo en la defensa del interés publico, en los años más duros del terrorismo etarra, en la fiscalía de Guipúzcoa.

En respuesta a las defensas, que sostuvieron que votar es una acción democrática, fue rotundo: "No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española y está proclamada por la Constitución". Calificó de "aventura" el proceso a la independencia de Cataluña en forma de república y defendió la integridad de la soberanía española, "no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional, desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos; ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos".

En lo que se interpreta como una defensa de la acusación por rebelión, Cadena ha insistido en que ha sido "un ataque claro al orden constitucional, no lo degrademos a un ataque al orden público"

En un gesto de desinflamación de la cuestión catalana por parte del Gobierno, para ganarse la confianza de sus socios en la moción de censura, la ministra de Justicia provocó una ácida polémica cuando cesó a Edmundo Bal, veterano jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado, por "pérdida de confianza", al negarse a modificar el escrito de acusación presentado ante el Tribunal Supremo, en el que inicialmente se acusaba a los líderes secesionistas catalanes de un delito de rebelión para rebajarlo a los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Bal, con 20 años de prestigio ganado en un Cuerpo muy exigente, había anunciado que en el transcurso de la vista oral él no estaba dispuesto a defender ninguna posición que no compartiera personalmente. Es decir, no estaba dispuesto a aceptar los criterios políticos, no jurídicos, procedentes del Gobierno. La Abogacía del Estado ha estado representada en el juicio por su sucesora en la jefatura de la Sección Penal, Rosa María Seoane.

En su intervención en la segunda jornada del juicio, Seoane a la denuncia de las partes acusadoras por "criminalizar las conductas" de los acusados ha respondido: "Nada más lejos de la realidad. Esto es un juicio penal con todas las garantías y no merece otra calificación, estamos ante un ejercicio del derecho penal democrático frente al ayer tan invocado derecho penal del enemigo".

La acusación popular en la causa es de Vox, y el segundo en el escalafón jurídico del partido, Pedro Fernández, ha solicitado la prohibición de portar lazos amarillos en el juicio, lo que ha sido denegado por el presidente del tribunal, con el argumento de que se trata de símbolos ideológicos "la Sala quiere interpretar que se trata de un signo ideológico y no va a poner ningún obstáculo a su exhibición".

Marchena sabe que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó en dos ocasiones (a Bélgica y a Bosnia) por no permitir portar símbolos religiosos y no se va a permitir errores de este tipo.

Día 3 -"Amo a España?"

Tras las dos sesiones dedicadas a las cuestiones previas, en la tercera jornada del juicio del procés, el primero de los encausados en declarar ha sido Oriol Junqueras, arquitecto de la tentativa secesionista, quien se ha negado a responder a las preguntas de los fiscales y la acusación particular y se ha limitado a responder a su abogado, Andreu Van den Eynde.

Esta parece que podría ser la pauta del resto del banquillo. También ha renunciado a declarar en catalán, lo que indica que quiere que su alegato tenga mayor órbita geoestacionaria, máxime cuando ha desplegado un rosario de buenas intenciones: "Amo a España, su gente, su cultura..." y cuenta con un altavoz de 630 periodistas acreditados en el Supremo.

En una confesión apasionada ante el tribunal que le juzga, "llevo un año y medio sin poder expresarme", ha soltado: "Soy padre, profesor de universidad, soy republicano... somos independentistas respecto a Cataluña y federalistas respecto a Europa. Defendemos una UE más unida, más fuerte, federal... esto es compatible con cada una de nuestras palabras y hechos. Estamos a favor de la independencia de nuestro país. Pero somos muchas más cosas: demócratas, republicanos, estamos a favor de una justicia social... y eso creemos que se puede lograr con una república. Antes de ser demócratas somos buenas personas".

Y ha proseguido con una afirmación intencionada: "No puede haber ninguna duda de nuestro compromiso con el humanismo cristiano y con los derechos humanos. Libertad, fraternidad e igualdad son mis principios. Siempre hemos luchado por la justicia, la paz y la defensa de la independencia".

Mucho interés ha aplicado en insistir en la no violencia, madre del cordero de la existencia de rebelión. "Hemos apelado al principio democrático para que se dé respuesta a las reclamaciones de una buena parte de la sociedad catalana que las reivindica pacíficamente". Y ha pedido a la justicia que no limite ni "castigue" el debate ni el "derecho de opinión".

En respuesta a preguntas de su abogado, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña ha puesto en cuestión uno de los delitos invocados por las acusaciones, la malversación, negando el uso de dinero público en el referéndum: "No se destinaron fondos públicos para su celebración, lo ha dicho todo el mundo, desde Rajoy al exministro Cristóbal Montoro". De ahí que se haya pedido la comparecencia como testigos del presidente del Gobierno y su ministro de Hacienda.

Y él mismo se ha hecho una pregunta retórica: ¿Cómo es compatible con que sea republicano catalán? A la que ha respondido: "Porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia es en un reconocimiento de igual a igual". Y ha admitido que "si en un futuro perdemos, aceptaremos la derrota".

Y como estrambote de su defensa ha insistido en que "el derecho de autodeterminación es irrenunciable. Votar no es un delito; sí lo es impedirlo por la fuerza".

La respuesta de Albert Rivera, al quite del "junquerisme", un proyecto político "pacífico e integrador", no se ha hecho esperar: "Los que amamos a España no tratamos de liquidar España ni damos golpes de Estado contra nuestra democracia ni decimos que los catalanes tenemos genes distintos a los del resto de españoles, como hace usted. Cinismo puro".

El problema de abusar del tuiteo es precisamente este: la falta de contundencia de la respuesta, cuando se trata de una cuestión esencial como esta.

Los quince meses que lleva Junqueras privado de libertad, en los que visiblemente ha perdido peso, suponen que ha tomado una distancia astral del presidente huido y su figura como referencia del secesionismo catalán se ha agrandado.

El que fuera conseller de Interior y máximo responsable de los Mossos durante los hechos que se juzgan, Joaquim Forn, sí ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, no a Vox, para decir que comunicó a Puigdemont que los Mossos cumplirían los requerimientos judiciales y este le dijo que lo entendía. Y ha puesto en cuestión la independencia judicial: "No discuto la autoridad del Tribunal Constitucional, pero cuestiono la imparcialidad de sus miembros, nombrados por los partidos políticos".

Lo más sobresaliente de su declaración ha sido la acusación a la Policía y Guardia Civil de no haber atendido la petición de los Mossos d'Esquadra (a primera hora de la mañana del 1-O) para que intervinieran en más de 200 puntos de votación.

Y no ha desaprovechado la oportunidad para dar algunos datos de interés: "El referéndum no fue válido" y "la DUI no se votó, solo se leyó". "La independencia se tenía que declarar dos días después del referéndum y no se hizo". "En ningún momento la Generalitat tuvo conocimiento de los planes de la Guardia Civil ni la Policía Nacional".

"Hubieran sido necesarios 90.000 efectivos para detener el referéndum (según comentó el Secretario de Estado) y tan solo recibimos 6.000".

Y terminó su intervención acusando a la Fiscalía de hacer "relatos peliculeros" en su escrito de acusación.

Marchena sigue tiñendo el juicio con su personalidad. En esta sesión, ha rechazado la traducción simultánea en las declaraciones de los acusados, aunque habrá intérprete en la sala. "La traducción simultánea restringiría el principio de publicidad de la vista, ya que todos los que están fuera del Salón de Plenos donde se celebra la vista no podrían entender las respuestas, al carecer de auriculares para ello".

También ha rechazado que Puigdemont declare por videoconferencia: "No se puede venir por la mañana como acusado y por la tarde como testigo, es inviable y conceptualmente imposible en el proceso penal. Seamos serios".

La pretensión de Vox de plantear preguntas a Junqueras aunque este no respondiese ha sido también objeto de negativa por parte de Marchena.