A estas alturas, visto lo visto y comprobado de nuevo que la merdée puede llegar a cualquier parte -con razón o sin ella- parece ingenuo suponer que para librarse de sus efectos baste con remitirse a los tribunales o apelar a una limpia trayectoria pública. En alguna ocasión se ha dicho aquí que la degradación del oficio político, sobre todo en época preelectoral, había llevado a ejercitar antes la cacería personal de los adversarios que la crítica a sus propuestas, acciones y hasta posibles ilegalidades. Y a buscar incluso más el ruido mediático del disparo que el acierto en la puntería propiamente dicha.
Sin entrar en más fondo que el que se comprueba en la sentencia que condena a un funcionario y un empresario, ese puede ser el caso que afecta ahora a la señora Silva, titular de la Diputación de Pontevedra. El hecho de que el fallo judicial implique la existencia de ilegalidad en la contratación de una cuñada de doña Carmela a duras penas de cárcel e inhabilitación para los acusados ha creado la polémica, en la que nadie discute que la decisión sea ajustada a Derecho pero en la que casi todos estiman "imposible" que se mantenga al margen a la presidenta.
La señora Silva está viviendo ahora la misma circunstancia que han padecido o padecen varios de sus compañeros del PSOE y bastantes más rivales de otras organizaciones, sobre todo del PP: la de verse inmersa -cree, además que sin motivo alguno, ni pruebas y ni siquiera imputación o investigación judicial- y vulnerable a los chismes en lo que algunos llaman ya el caso del enchufe de su cuñada. Y el asunto la supera, a pesar de su condición política, y la indigna como ser humano, lo que es lógico. Hay abundancia de precedentes, como se ha dicho.
Otra cuestión es la respuesta. Desde el respeto personal e institucional a doña Carmela, debiera entender que esa polémica, en este entorno, por muy injusta que le resulte, ha de ser acogida como parte de los gajes de un oficio maleado por muchos de sus protagonistas. Y que ella, como autora de iniciativas parecidas, exigiendo "responsabilidades políticas" a otros,ahora, por indignada que esté, tiene que admitir que se las pidan. Y que no es lógico que replique a los que afirma que la acusan en falso con imputaciones igualmente sin pruebas a los "despachos oscuros de Rueda o Feijóo".
Siempre desde la opinión personal, este es, por desgracia y en principio, otro ejemplo del a veces repugnante modo en que se ejecuta -y nunca mejor dicho- aquí el antes considerado "arte de la política". Que entre otros daños colaterales provoca la convicción de mucha gente en que si alguien es colocado de forma irregular en un puesto en el que durante años cobre sin trabajar para una Administración, no resulte posible imaginar que tal cosa ocurra sin la mediación o intervención directa del responsable político, aparte de la fáctica de un funcionario. Y todo ello sin prueba alguna que justifique tal convicción; ese es, en el mejor de los supuestos, el resultado inaceptable por inhumano de cuanto sucede. De modo que, sin pretender una epístola moral, solo cabe desear que todos reflexionen y acaben con esta miseria.
¿O no??
