Cuando se habla del autogobierno y sus cotas debe admitirse de entrada que el asunto es de esos que exigen la máxima serenidad posible en los debates y mayores dosis aún de prudencia en las decisiones. Lamentablemente -y quizá también por su profundidad y alcance- resulta a la vez de los que se presta con facilidad al oportunismo y a la demagogia. Ambos los dos defectos se detectan en la oposición, sea cual fuere y el color político que acompañe, a la vez que de las "virtudes" suelen presumir los gobiernos, aunque no todos las demuestran después en las correspondientes resoluciones.
Viene a cuento, el introito, de cuanto acaba de publicar este periódico sobre las posiciones parlamentarias de los grupos gallegos. El meollo trata del alcance práctico de la votación unánime de la Cámara en la que se reclama para este Reino la máxima cota posible de autogobierno a la luz del contenido del Estatuto de Autonomía vigente. Una iniciativa del BNG cuyo respaldo, que incluyó al PP, matizó después el señor presidente Feijóo en el sentido de reconocer que quizá no era el momento oportuno. Y que, además de ruido en el patio, provocó disconformidad -táctica y oficiosa- en el seno popular.
La cuestión, ahora, es dirimir a ser posible manteniendo el acuerdo de base -lo que implica una dificultad añadida- el orden de las prioridades al reclamar las competencias que aún faltan para llegar a la cota máxima de ese autogobierno que todos dicen querer. Don Alberto Núñez, con acierto, en opinión de quien escribe, plantea que han de pedirse primero aquellas que se puedan atender como se debe, y las demás en función de la futura capacidad financiera. La oposición rebaja esos matices o los ignora, con lo que corre el riesgo del que advierte el refranero: que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.
Queda dicho que esta es una cuestión de largo alcance que se presta a la distorsión y al juego de los juicios de intenciones. Para la izquierda gallega la reclamación debe ser completa, aunque una parte pueda escalonarse, y la negativa a ese enfoque significaría "poca voluntad" de quienes lo formulen para colocar a Galicia a la altura de Cataluña o Euskadi. Y alegan en pro de esa tesis, además del "amor patrio", la declaración constitucional de este Reino como nacionalidad histórica igual que las otras dos comunidades. Pasa que, siendo así, el momento no parece demasiado bueno.
Resumiendo -que es gerundio, como diría el fraile Campazas- el asunto no es sólo de prioridades, que también, sino de oportunidad y de posibilidades de gestión. Porque competencias que aporten esplendor pero a coste excesivo son de más que dudosa aprobación por la gente del común, y de las otras siempre hay riesgo de que en la práctica sólo sean ornamentales. Y como ejemplo más que oportuno puede citarse el extraño caso de la AP-9, en el que los grandes partidos han ido cambiando de opinión según soplaba el viento de la opinión pública. Y en el momento actual el dilema ya no es "sí o no" al traspaso, sino "cuánto y cómo" va a costar o aportar. Y en función de eso, decidir.
¿O no??
