Este país se puede permitir el lujo de no tener registrados a su nombre todo el aterrado de Cangas y, sin embargo, tener mando en plaza sobre esa superficie. Se puede no tener registrado ni el pasado ni el futuro del municipio y ver como se saca a subasta y se adjudica a un fondo de inversiones el bajo donde habita un comedor social. También puede permitirse perder todo el tiempo del mundo en elaborar planes de usos para el puerto de Vigo y que después lo anulen los tribunales de justicia, o iniciar cada cuatro años un nuevo PXOM en Cangas. Incluso puede permitirse que se desafecten terrenos que nunca estuvieron registrados como suyos y cargarse de un plumazo más de la mitad de la policía local de toda España. En Cangas se permite y se practica el más difícil todavía y, como si fuera el mundo al revés, el PP quiere que el gobierno actual baje el IBI que él subió y que un tripartito, con vocación de municipalizar, privatice todo el mantenimiento del alumbrado público por una pasta. Y que los que cerraron un contrato con una empresa privada para gestionar el agua de Cangas sean los primeros en pedir su marcha. Lo hicieron al día siguiente de estar en la oposición. ¡Un sindios, vamos!