O los procesos. Al lado del proceso principal en el TS están otros, ante el TSJC, en el T de Cuentas, el proceso de juristas y politólogos que colaboraron en el Referendo del uno de Octubre? Pero ciñéndonos al proceso de Madrid contra los líderes políticos catalanes surgen algunas reflexiones. En primer lugar, de la misma forma que el comienzo del final de la dictadura está asociado con el proceso de Burgos de 1970 contra los político-militares de ETA que por la resonancia internacional y la actitud de los procesados reveló las grietas del franquismo, parece que el final de la primera etapa de la democracia española, la llamada Transición, lo va a marcar el presente proceso en el que se juzgará el ejercicio de derechos colectivos inherentes a la nacionalidad pero de ejercicio ilegal por no ser reconocidos aquellos por la constitución. Ejercicio estrechamente unido al de los derechos individuales por lo que estos también se ven dañados por la sanción penal. El presente es un proceso que a diferencia de los del fin de la dictadura no ha sido deseado ni impulsado por el ejecutivo, ni siquiera me atrevo a decir, por el anterior presidente del Gobierno, aunque tiene su origen en la política de judicialización del conflicto de Mariano Rajoy. Uno de los poderes del Estado, el judicial, con el apoyo de la derecha política, lo impulsa de una manera autónoma. Este apoyo pone de manifiesto una alianza no estructurada, difusa, entre dicha derecha y la cúpula del Poder Judicial (PJ) en torno, entre otras cosas, a una concepción política de la unidad española y a su correspondiente articulación jurídica. Así el PJ se autoinviste de una misión política como último guardián "frente al más grave ataque al Estado" lo que explica la dureza de la prisión provisional, "el enemigo político es el peor de todos y merece el trato más duro" (Fraga).
Es curioso que en un país de tradición jurídica antipositivista, de predominio ideológico iusnaturalista de base cristiana, agite un positivismo tan estrecho cuando se afrontan los hechos concretos. La ley, ante la que uno se quita el sombrero como el profesor francés ante el Código Napoleón, la deificación de la Constitución que se alza ante nosotros con la eternidad del Corán, como las Tablas del Sinaí. Naturalmente no es un positivismo ingenuo, sus defensores conocen tan bien como sus detractores, que el derecho es una mecánica que si no funciona se cambia, pero lo utilizan como disfraz para la ideología que defienden.
Sin embargo la ceguera política de los que impulsan el proceso es inmensa. Omiten las consecuencias, el crecimiento del voto nacionalista, la internacionalización del proceso, la imagen en primer plano de las víctimas del proceso, que serán las recordadas. Es el proceso que en una sociedad democrática desearía cualquier nacionalismo. Todo será política en el mismo y al final los indultos serán inevitables y pondrán la guinda a un proceso que nunca debió tener lugar.
Por eso creo que la única sentencia acertada será una sentencia absolutoria. Pero pienso que faltará la lucidez en el tribunal. Ni siquiera se puede contar con la minoría progresista del mismo que ya participó, aliada con la derecha judicial, en la expulsión de la carrera del juez Garzón. Cualesquiera que sean las luces y sombras de este ultimo, nadie sensato se quemaría en el fuego de participar en ese proceso. Lo mismo ocurre en el presente. Pero España está llena en sus instituciones y partidos de los que aman el vuelo bajo y ruidoso y de corto recorrido.
