Ahora mismo, tal como están las cosas -y más aún después de las elecciones andaluzas, en las que sin duda esa cuestión influyó-, no es raro que cualquier asunto que se relacione con Cataluña genere más fobias que filias y, sobre todo, sospechas. La mayor parte relacionadas con la aparente debilidad política que el Gobierno central padece frente al separatismo, y lo peor es que las reticencias resultan explicables. La última, especialmente grave, se orienta hacia una nueva operación de acercamiento entre los dos ejecutivos que, como siempre, se concreta en el pago que una hace a la otra y que esta recibe como si fuese algo obligado.
De darse esa "generosidad" sería, y no parece innecesario insistir, de considerable gravedad para el resto de estos Reinos. Porque se basaría -parece- en indicios muy serios de que los recientes disturbios laborales en las calles de Barcelona, y el casi desplome del PSOE andaluz, podrían suponer notables asignaciones financieras a los sectores "en colere", y el dinero procedería de las arcas estatales. No es posible de otra manera, dado el nivel de deuda de Cataluña, y el anuncio de pagos de la Generalitat solo puede ejecutarse con la ayuda de Madrid.
Con todo, y para que nadie vea juicio alguno de intenciones, vale remitirse a lo dicho por la señora Montero, ministra de Hacienda, que ya proclamó que las cuentas del Estado para 2019, si se aprueban, "beneficiarán especialmente a Cataluña". Lo que demuestra que, por difícil que parezca, cumple la Ley de Murphy porque empeora lo susceptible de empeorar. En este caso es la idea de que a paz social, y quizá el apaciguamiento político, se compra con cargo a las arcas públicas -los Presupuestos Generales del Estado- subordinando su aprobación a quienes lo que buscan es deshacer ese Estado para independizarse de él. Y es mal presagio que su Gobierno acepte el papel de rehén.
Está por comprobar que eso sea definitivamente así, pero son tantos los que lo ven probable que seguramente así será. Y si no lo es -un nuevo nivel para la Ley de Murphy- se deberá a que el soberanismo prefiere seguir con el "España nos roba" que dar la imagen de que lo abastece de fondos. Una intendencia que, ya quedó dicho, supondría una injusticia para el resto del Estado salvo, quizá el País Vasco, ya beneficiado por suculentas gratitudes primero del PP por su apoyo a Rajoy y después del PSOE por traicionar al ex/presidente. Vivir para ver.
Hay aún otro factor especialmente doloroso para Galicia. Es la comprobación de que la estrategia elaborada por la Xunta para establecer una serie de alianzas con vecinos y prevenir así repartos injustos de fondos desde Madrid no ha hecho otra más que sumar fracasos que no hace falta enumerar, pero que se podría. Y que sientan un precedente -y consolidan un presagio- desesperanzador para otro desafío: el de la lucha por conservar el máximo posible de las asignaciones europeas. Y esta vez no por "culpa" de la Xunta, sino de la irresponsabilidad de un gobierno, el de Pedro Sánchez, obsesionado por seguir donde está a cualquier precio y la complicidad de los independentistas, instalados en la extrema deslealtad. Porque el suyo sí es extremismo de verdad.
¿No...?
