No hay nada memorable en la renuncia del nasciturus Manuel Marchena, dimitido antes de venir al cargo. Se apropia jactancioso del "puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del General del Poder Judicial". Desmiente en un folio con membrete del sacrosanto Tribunal Supremo una "hipotética designación", donde el remoto nombramiento individual aporta argumento suficiente para no embarrar su ambición personal con un documento oficial. Imbuido de su ilimitada autoestima, no renuncia en ningún momento al CGPJ, solo a presidirlo.
PP y PSOE querían utilizar a Marchena para controlar el Consejo y domesticar al tribunal del procés, respectivamente. No lo jalean ahora por una ciencia jurídica recién descubierta, sino porque temen que les aplique un Baltasar Garzón. Su dimisión avant la lettre, en un texto revestido de resolución judicial, es un primer aviso de su desquite. De nuevo con membrete del Supremo, desmiente unas críticas no solo lícitas sino salutíferas, que se ceban en su historial. Para estos menesteres, que escriba desde su casa y en papel propio, si no ha aprendido a tuitear. Su autobiografía privada en documento oficial señala que "jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado". Nunca digas nunca jamás, 007. A partir de ahora, pronunciamientos personales como "mi decidida voluntad" adquieren un rango institucional en la justicia caprichosa.
Marchena quiere más marcha. Su desdén imperativo no apunta a una retirada, sino a una toma de carrerilla para catapultarse a más altas cúspides. No declara inalcanzable la presidencia del Consejo General, sino insuficiente. Planea el ataque directo al ejecutivo desde la fortaleza judicial. Quienes hablan con ligereza de los golpistas catalanes, deberían reparar en el pronunciamiento racial del Supremo. Redactado con fondos públicos.
