Causó sorpresa en la opinión pública la revelación de que la policía catalana detuvo el 19 de septiembre pasado a un vigilante de seguridad de 63 años llamado Manuel Murillo, que tenía un auténtico arsenal de armas en su domicilio y había expresado en las redes sociales su intención de asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y más aún al saberse que el aparente móvil del crimen sería el proyecto del ejecutivo socialista de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para evitar que su tumba continúe siendo objeto de culto por parte de nostálgicos de la dictadura. Pero el catálogo de sorpresas no acaba ahí al trascender que la persona que puso en alerta a la policía catalana sobre esos planes fue una militante de VOX (un partido catalogado como de derecha extrema) que había recibido confidencias y mensajes de Murillo en los que hacía explícitas sus intenciones.
Con todo y eso, lo más chocante de este episodio es el hecho de que la policía y los jueces hayan tardado tanto tiempo (casi dos meses) en dar a la publicidad este intento de magnicidio, que el Gobierno socialista no fuese informado supuestamente de ello hasta hace unos días, y que la Audiencia Nacional no se haya hecho cargo del caso con el argumento de que no se trata propiamente de un acto terrorista y, por tanto, competencia del Juzgado de Tarrasa que es el que inició las diligencias.
De momento, Manuel Murillo ha ingresado en la cárcel acusado de los delitos de conspiración para atentar contra la autoridad con uso de arma, amenazas graves, tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos, y un delito de odio. Llegados a este punto, habrá que preguntarse qué es lo que hace falta para calificar esa conducta de terrorismo en el grado que fuere. Especialmente cuando el propósito reconocido del ahora detenido fue el de atentar contra el presidente del Gobierno español para lo que disponía de cuatro rifles de precisión, un fusil de asalto militar, un subfusil ametrallador y 16 armas cortas. Y lo más preocupante, que su poseedor tenía la habilidad necesaria para hacerlas funcionar con mortífera precisión ya que es un tirador acreditado.
En el Diccionario del español actual de Manuel Seco se define el terrorismo como "método de lucha política basado en el terror" y de forma parecida, con distintas variantes, se recoge en el derecho penal comparado y en el criterio de instituciones internacionales. La definición es válida pero incompleta si nos atenemos a la realidad, porque hemos visto a numerosos encausados por terrorismo que no tenían otro objetivo que aterrorizar a la opinión pública sin pretensiones de forzar un cambio político inmediato.
Y como muestra de lo que digo ahí tenemos los casos de los llamados lobos solitarios a los que no cabe integrar en una estructura jerárquica con móviles políticos reconocibles. O de forma más espectacular y contundente, en los atentados del 11-S en Nueva York o en los más cercanos, por dolorosos, atentados del 11-M en Madrid. Pasado el tiempo, ¿alguien puede decirnos cuáles eran los objetivos políticos fuera de sembrar el caos y el terror?
