En plena ofensiva populista contra el Tribunal Supremo, es poco discutible, al menos en opinión personal de quien escribe, que el pacto del PP de Casado -quizá malgré lui, lo que sería aún peor- con el PSOE de Pedro Sánchez para renovar la cúpula judicial no ayudará precisamente a aliviar tensiones en ese mundo. Es más, podría extender las críticas de Iglesias y Echenique sobre la "complicidad de la Justicia con los Bancos" y ampliarla a un acuerdo "contra la independencia judicial". Aunque esto no ocurrirá porque Podemos, acomodado ya en "La Casta", obtendrá beneficios del pacto, con muy probable presencia en el CGPJ.
En ese marco, quizá parezca este un mal momento para hablar de "deudas" de los tribunales con la sociedad, en concreto la de Galicia. Pero a partir de la idea de que no se trata de una crítica global, sino de una reflexión, y que viene marcada por hechos actuales que afectan a personas, es posible que valga la pena entrar en el asunto, dejando claro que preside en toda circunstancia las observaciones. Esos hechos -y el caso más reciente es el del ex/ conselleiro de Industria señor Blanco- se refieren a los perjuicios causados por la lentitud de la Justicia.
(Los perjuicios personales se producen también -es evidente- por la voracidad informativa que las filtraciones interesadas desencadenaron sobre políticos, empresarios y funcionarios por supuestas corruptelas. Y que se han sustanciado hasta ahora con una gran diferencia entre investigados y procesados por una parte y condenados por otra, con un balance aún más significativo: el número de archivos es más alto que el de condenas. Todo ello debería decir algo a quienes han participado en lo que a veces pareció excesivo y que deja maltrecha la honorabilidad de las personas y la confianza de la población en sus Administraciones).
Nada hay que alegar, desde luego, a que la Justicia -o sea, fiscales y jueces- haga su trabajo cuando existe una apariencia razonable de que es necesaria su intervención. Pero se han dado casos -por cierto, criticados por ella misma, pero sin que los reproches hayan pasado de ahí- que deberían haber obligado a actuar, siquiera porque existieron también síntomas claros de que algo no iba bien. Esa falta de actuación es lo que constituye la deuda de que se habla, y que afecta a los nombres puestos en la picota durante muchos años para después ver que no hubo nada.
Tampoco en estas observaciones, formuladas desde el respeto, y conviene insistir en ello, a la función y los cargos, deben parecer exageradas. La lista de nombres investigados -o, como antes se decía, en la cuerda floja, porque era la que sujetaba los antiguos legajos- durante años, que de momento se cierra con el de don Fernando Blanco, conselleiro por el BNG en la Xunta bipartita -su caso fue archivado siete años después-, es lo bastante larga como para que nadie pueda considerarlo de otro modo. Y exigen, todos ellos, también la justicia que se les debe: una explicación que sirva, al menos, como pago -bien que insuficiente- de la deuda que reclaman, aunque por ahora solo sea en silencio.
¿O no...?
