Interrogada por la forma en que el Estado pudiera apoyar a los trabajadores de Alcoa en su justa lucha contra el cierre anunciado por la multinacional norteamericana, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha respondido con una obviedad (por no decir tontería) grandiosa. "No estamos -dijo- en una economía estatalizada como para intervenir la empresa, no estamos en un régimen comunista".
La obviedad (por no decir tontería) ha cogido por sorpresa a los representantes de los sindicatos que le han recordado a la ministra que los gobiernos de Francia e Italia, sin ser países comunistas, han brindado apoyo del Estado a empresas en crisis. "Estamos seguros -afirmó un representante sindical- que la señora Valerio no es comunista, pero ahora dudamos que ni siquiera sea socialista". Y lo que es peor aún, que es una señora que no se ha leído la Constitución española de 1978, que en su artículo 128.2 dice muy claramente que: "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".
El interés general está suficientemente acreditado por la presencia en las calles de A Coruña y Avilés de miles de personas que piden al Estado medidas para evitar el cierre de las dos factorías. Miles de personas que seguramente no son comunistas, ni tampoco exclusivamente socialistas, pero que sí advierten el peligro que para la ciudadanía en general tendría esa medida. Y tampoco parecen conspicuos prosoviéticos los presidentes de las autonomías de Asturias y de Galicia, ni los alcaldes de Avilés y de A Coruña. Gente toda ella indignada por el hecho de que una empresa que, como Alcoa, ha recibido subvenciones millonarias por parte del Estado español, pretenda ahora cerrar caprichosamente sin devolver el importe de lo que ingresaron en la cuenta de beneficios.
Habrá que desear que el final del conflicto sea favorable a las pretensiones de los trabajadores, pero las manifestaciones de A Coruña y de Avilés me traen a la memoria otras manifestaciones a favor de que el Estado defendiese el carácter público de otras empresas. Como una grandiosa en Avilés en febrero de 1979 contra la privatización de Ensidesa que ya se barruntaba en el horizonte. Yo participé en ella y pude ver en la cabecera a Santiago Carrillo por el PCE, a Rafael Fernández y Gómez Llorente por el PSOE y a dirigentes nacionales de pequeños partidos, entre ellos, José Sanroma, secretario general de la ORT. Por entonces, el PSOE todavía no había abjurado del marxismo y la defensa de lo público era una cantinela retórica de la izquierda. Pasados unos cuantos años el panorama sindical y político ha cambiado mucho. Ensidesa es ahora una empresa privada (ArcelorMittal) propiedad de una sociedad de capital indio y lo que impulsa a la gente a echarse a la calle es protestar contra la amenaza de cierre de una empresa privada norteamericana que ha recibido subvenciones multimillonarias del Estado español. La ministra Magdalena Valerio lo ha expresado muy bien: "No estamos en un régimen comunista" y en consecuencia un gobierno del PSOE puede apoyar con dinero público a la banca pero nunca intervenir en Alcoa. Una obviedad.
