El intento de secesión de Catalunya lo pararon los tribunales (o fueron al menos el factor decisivo), y lo hicieron con un argumento muy sencillo: que, mientras no se cambie, la ley está ahí para cumplirla y las fuerzas de orden para hacer que se cumpla. Un Estado de derecho, por vueltas que quieran darse a la matraca, al final no es otra cosa que eso, y un Estado del bienestar ni existe (no hay casos en el mundo) ni puede existir fuera de un Estado de derecho. Esto explica que el secesionismo irredento venga desarrollando una campaña sostenida contra el poder judicial y los tribunales de justicia, que opera en una dimensión interior y en otra exterior, para crear el caldo de cultivo de una ulterior denuncia de falta de legitimidad de la Justicia española, y de la insuficiencia de nuestra democracia. ¿Está esto claro para todos, o aún quedan almas cándidas que no se han enterado?
