La peor forma de generar confianza es escuchar a un secretario de Estado decir una cosa, ver a la ministra del ramo matizar esas palabras y observar al presidente del Gobierno enmendar a ambos, eso sí, después de que el líder de otro partido y socio capital, Pablo Iglesias, anunciase a los cuatro vientos: "Rectificará".

Esta estrategia política, por definirla de forma benevolente, solo contribuye al embrollo e incertidumbre sociales. Si esta situación es de por sí perniciosa, cuando el ámbito afectado es la economía y los derechos sociales (salarios, cotizaciones, impuestos, prestaciones o pensiones), el efecto es demoledor. Como campechanamente ha sintetizado el presidente de Mercadona, Juan Roig, durante su reciente intervención en el Instituto de la Empresa Familiar, "el lío político te hace estar más acojonado". No parece este el mejor escenario para crear riqueza, empleo y bienestar, y procurar un rumbo cierto para un país que intenta recuperarse de una doble recesión.

En las últimas semanas, representantes del Gobierno han realizado anuncios y contraanuncios, planes y contraplanes, que persiguen aumentar la recaudación de la Seguridad Social, horadada por un agujero de más de 23.000 millones de euros -y subiendo-. El sistema se sostiene apenas con deuda pública, un endemoniado instrumento que mes a mes incrementa la dimensión del problema.

Y en este punto parecen estar de acuerdo casi todos los actores implicados. La situación es insostenible y urge adoptar medidas estructurales. Carece de sentido seguir escondiéndola bajo la alfombra de la deuda. Toca tomar decisiones valientes, reformistas y perdurables.

Por lo visto, no es este el camino elegido por el Ejecutivo, que viene ofreciendo preocupantes señales de improvisación y bandazos, jugando con una doble baraja en un terreno tan sensible. La consecuencia es el desconcierto y la preocupación, cuando no el temor generalizados.

Los dos últimos ejemplos de esta acción desnortada los han proporcionado sus planes para subir las bases máximas de cotización (hasta un 12%) y la propuesta para elevar las cuotas de los autónomos. Curiosamente, la primera noticia ni siquiera la facilitó un miembro del Gobierno, sino que fue el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, quien en sede parlamentaria reveló esta fórmula incluida en los Presupuestos de 2019. La medida aparecía en un lugar recóndito del documento que se le había remitido. Este detalle es por sí solo revelador. La iniciativa ha suscitado el rechazo de los empresarios, que alertan sobre el impacto sobre los costes laborales, la creación de empleo y la competitividad. Además supondría de facto un recorte de los salarios.

La segunda propuesta, una mayor aportación de los autónomos a la Seguridad Social, no es nueva. En el último lustro este colectivo ha experimentado hasta cuatro incrementos de las cuotas. Pero el alza es aún insuficiente. En palabras del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, "tiene mucho mérito que paguemos mayores prestaciones teniendo menos ingresos". Trabajo busca ajustar el pago de la cuota a los ingresos reales de cada trabajador por cuenta propia. La propia ministra Magdalena Valerio acentuó esta idea al dividir a los autónomos en "sobrecotizados e infracotizados".

Lo cierto es que sobre este punto parecía existir una sintonía. Las organizaciones de autónomos comparten la conveniencia de adaptar la aportación a la facturación real en pos de un modelo "más justo y equitativo". Pero las discrepancias surgen cuando se plantea su aplicación, cuando se baja del principio general a la letra pequeña, cuando el Gobierno pone negro sobre blanco cuánto hay que aportar, cuándo, quiénes y cómo. Y qué prestaciones adicionales recibiría el colectivo como contrapartida al mayor esfuerzo.

Aunque el Ejecutivo ya ha descartado ligar, en una decisión infrecuente, la subida de las cuotas al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que crecerá un 22% en 2019 -alza, por cierto, criticada por el gobernador del Banco de España-, las subidas que están planteando de la base mínima para los autónomos, según tres escenarios, llegan hasta el 12%. El colectivo ya ha replicado que la tasa es abusiva e inasumible. En la práctica, en Galicia se traduciría en un incremento de la cuota de 50 euros al mes.

Los autónomos han contraofertado con un aumento de entre 12 y 20 euros. Propugnan poder seguir eligiendo con libertad la cotización y adaptar la cuota al final del año fiscal y no al principio, "porque no sabemos con anticipación cuánto vamos a generar y porque nuestros ingresos cambian de mes a mes". Quieren, en suma, un incremento progresivo y flexible.

Las posiciones están muy alejadas. De un lado, al Ejecutivo le urge elevar en unos cuantos miles de millones anuales la caja de la Seguridad Social para insuflar oxígeno a un asfixiado sistema de pensiones, cuyas cuantías además ha decidido elevar. De otro, sus planes son respondidos con la oposición de los afectados. Y, por si la cuadratura del círculo no es ya complicada, Podemos, el socio que ha cocinado los Presupuestos, advierte una y otra vez a Pedro Sánchez que no aceptará ninguna subida.

Los autónomos conforman un sector clave del entramado económico. España es, con 3,2 millones, el tercer país de Europa, por detrás de Italia y Portugal, con más asalariados por cuenta propia. En Galicia, el grupo lo integran más de 130.000 personas, la mayoría cotizantes de la cuota mínima. Además el 20% de ellos son, a su vez, empleadores. Estamos, pues, ante una cuestión capital y como tal debe ser enfocada.

Más allá de globos sondas, ocurrencias y parches, el Pacto de Toledo -con el protagonismo compartido de los grandes partidos- y la mesa del diálogo social -en la que se escuchen a todos, también a esos empresarios "acojonados"- deben ser el marco en el que debatir y ejecutar las medidas que permitan blindar la Seguridad Social y las pensiones, sostenidas por cotizaciones razonables de asalariados, autónomos y empresarios en general. El espacio en el que se diseñe una planificación sensata, valiente y con vocación de permanencia. Que no rehúya las reformas. Y que apueste por otro modelo que responda a la nueva realidad económica.

Porque las medidas hasta ahora adoptadas son ineficaces e insuficientes. Mirar para otro lado o dejar el problema al siguiente que venga no son una opción. Seguir endeudándose, tampoco. Hoy que la economía aún mantiene un ritmo positivo es momento de hacer los deberes. Ignorarlos hasta que nos sorprenda un cambio de ciclo y vuelvan las oscuras nubes de la recesión, sería un error mayúsculo que no nos podemos volver a permitir.

Si el Gobierno insiste en su empeño por sacar adelante propuestas cortoplacistas con una exigua mayoría parlamentaria o, lo que es peor apoyado por partidos populistas, independentistas o con intereses en solo una parte del territorio español, el escaso éxito que le aguarda es fácilmente predecible. Y si, en un irresponsable ejercicio del todo vale, la oposición sigue considerando este terreno como un espacio propicio para la confrontación y el desgaste del adversario estará haciendo una pésima contribución a la sociedad que dice servir.

Pero si, en cambio, unos y otros arrumban sesgos ideológicos y tácticas electoralistas y buscan un acuerdo global, sin etiquetas ni medallas que colocarse, en el que todos se sientan comprometidos e identificados, el futuro quizá pinte algo menos tenebroso. Ahora que vamos a celebrar el 40 aniversario de la Constitución, ese texto que la mayoría de nuestros representantes elogian como paradigma del encuentro político, sería el mejor, por útil, homenaje que podría recibir nuestra Ley Fundamental.