A estas horas resulta casi seguro que el colectivo de víctimas de la catástrofe ferroviaria de Angrois haya manifestado, además de su desacuerdo, su decepción por el cierre, parece que definitivo, de las investigaciones sobre aquella tragedia. Y probablemente tienen razón, pero no solo ellas: también no pocos habitantes de estos Reinos que a lo largo de muchos meses y a la vista de los datos que iban saliendo, dudaron de que la primera versión, más allá del innegable -por confeso- descuido del maquinista, hubiera sido la que mejor reflejaba la realidad.
En ese sentido cumple añadir que aún entre los que no han seguido al día los trabajos de la investigación, la noticia de su cierre, conocida antes que las conclusiones, deja una extraña sensación. Sobre todo porque no despeja las incógnitas ni resuelve las sospechas que su propia tarea produjo, a la vez que mantiene alguna que otra duda: por ejemplo la de por qué no se llamó a declarar -al menos- a personas que para todos los que quisieran verlo tenían una directa relación con las condiciones de seguridad en el tramo en el que ocurrió el accidente. Sin ir más lejos.
Conste, y se plantea con todas las reservas y el respeto debido, gran parte de lo hasta ahora actuado, y conviene insistir en ello, ha causado más sombras que luces -al menos desde el punto de vista de quien escribe- y podría empeorar las perspectivas que a efectos de los seguros y otros factores posteriores a lo ocurrido estén aún pendientes. Porque en esa faceta, como en alguna otra, la determinación de la responsabilidad es clave, y si no se deja resuelta, o permanecen dudas, lo probable es que se sucedan los pleitos y con ellos se incremente también el dolor y las consecuencias de aquella noche dramática.
Sin la menor pretensión de establecer comparaciones, porque en este caso además de odiosas no se corresponderían con los acontecimientos, sí puede citarse a modo de referencia lo ocurrido con el Prestige. En aquella circunstancia, la polémica y sucesivas acusaciones contra diferentes actores -al menos aparentes- sirvieron para enmarañar, acaso sin esa intención, y confundir sobre -precisamente- la responsabilidad del naufragio y por tanto de sus consecuencias. Y en ello están aún el Estado, los Tribunales y las aseguradoras. Ojalá que con esto no suceda.
Y quizá quepa alguna observación más, siempre desde el respeto a las opiniones que sostengan otros enfoques. Una de las reacciones que han surgido ya desde el colectivo de víctimas ha sido la de reclamar el cese inmediato de personas relacionadas con las investigaciones y/o con algunos trabajos vinculados a cuestiones de seguridad ferroviaria. Y como se dijo en otra ocasión, las destituciones fundamentadas solo en sospechas o indicios acaban pareciendo más una caza de brujas que una acción orientada a clarificar lo sucedido. Por eso no debieran confundirse las perspectivas, precisamente en interés de de la Justicia.
¿No?
