El precio de la electricidad en el mercado donde se casan a diario las ofertas que hacen los productores y comercializadores de energía ha aumentado casi el 70% en seis meses, de modo que el recibo de hogares y empresas podría encarecerse camino del invierno por encima del 20%. Está por ello más que justificada la iniciativa política del Gobierno de tomar medidas de urgencia para contener esa escalada y proteger a los colectivos más vulnerables. Pero una parte no menor del enfoque es discutible, porque el contenido del primer decreto Ribera parece más dirigido a plasmar las convicciones verdes del Ejecutivo que a actuar con rigor sobre las causas coyunturales del encarecimiento de la luz o con la audacia necesaria sobre algunas de sus razones estructurales.

Penalizar a las térmicas de carbón, primando fiscalmente a las centrales de gas, es una decisión que choca con los números del mercado. El precio medio del megavatio fue de 71,27 euros, un 45% superior al de septiembre de 2017, en un contexto de ascenso de las materias primas (carbón y gas) que usan las centrales de combustibles fósiles y de carestía también en los permisos para emitir CO2 (singularmente para las térmicas carboneras); y fue en un mes con mayor producción hidroeléctica (10,1% de la generación) que hace un año y también con un mayor aportación del carbón (20,8%).

Lo fácil, y también lo más pegado al discurso renovable, es concluir que la luz sube porque funcionaron más las térmicas, con costes crecientes por su impacto ambiental y por la inflación en el precio del mineral. Pero resulta que la tecnología que marcó el precio en la mayor parte de las horas de septiembre (60%) fue la hidroeléctrica, con costes variables cercanos a cero y producciones resultantes de la explotación de un bien público (el agua) mediante centrales construidas bajo el franquismo o antes y que si no están amortizadas es por algún tipo de magia contable. Y en los momentos de septiembre en que las térmicas marcaron los precios lo hicieron además con promedios inferiores al resto de tecnologías: a 64,67 euros, frente a 67,41 del gas; 71,87 de las plantas renovables, y 72,97 del agua. El Gobierno ha apostado por penalizar a las térmicas, que fueron las más baratas. Quizá sea lo más verde, pero no lo más lógico ni lo más audaz.