Tal como están las cosas, da la impresión de que el cálculo que la Xunta ha hecho sobre la participación privada en I+D+i resulta demasiado optimista. Y no solo porque el horizonte económico está condicionado por diferentes factores -a veces contrapuestos- que animan poco a las inversiones que no obtengan un beneficio inmediato, sino también a causa de que las perspectivas políticas más o menos próximas no alientan precisamente a los empresarios y a las entidades a participar en algo que no tenga aseguradas determinadas garantías. Por lo menos, fiscales.
Lo que se expone resulta opinión personal y, por tanto, discutible, pero se apoya en datos o en intenciones repetidamente expuestas por el Gobierno actual. Un gobierno que para costear buena parte de sus gestos -que no medidas de fondo-, necesita aumentar la recaudación. Y que para lograrlo, conocedor como es de que las espaldas fiscales de la gran mayoría de los ciudadanos/as ya no soportan más carga, orienta la presión hacia lo que llama "las grandes fortunas" y las entidades bancarias. Como si unas y otras no la tuvieran y muy alta.
(Conste que ese aspecto de la probable actuación gubernamental es propia de Podemos -que lo tomó de sus colegas griegos, con el balance que todo el mundo conoce-, con quien tendrá que pactar el PSOE para sacarla adelante. Y, a pesar de todo lo -político- que condiciona los votos que a ambos juntos les faltan para una mayoría suficiente, sería extraño que las burguesías vasca y catalana, representadas por el PNV y el invento soberanista de Puigdemont respalden una línea -económica- que perjudica a quienes los financian. Porque la derecha, incluso la independentista, no ha cambiado todavía los altares ante los que ora y para los que labora).
Así pues, esta situación general obliga a la reflexión acerca del cálculo hecho por la Xunta y su posible optimismo que, de fallar, perjudicaría, y mucho, al desafío más importante que se plantea, en lo tecnológico, el futuro de Galicia. Y, hay que decirlo, no sería la primera vez que esos cálculos, llevados a los Presupuestos autonómicos, tuviesen que revisarse como saben bien los sectores implicados y más todavía los afectados. O sea, las tres Universidades y los investigadores.
En este punto, y antes de rematar, cumple un recordatorio: se refiere a que para eliminar o reducir algunos de los inconvenientes citados se planteó un proyecto bien articulado aunque mejorable. Era la Ley de Mecenazgo que, como su propio nombre indica, trataba de crear una vía que resolviese dudas y avivase el paso científico y cultural de este Reino con una mayor colaboración privada libre de sobresaltos. Pero una vez más en tierra fértil para las normas y seca para sus cumplimientos, no se desarrolló su aplicación, y eso provoca dudas y la sospecha de que o se cambia o cabe esperar poco. Quizá con la excepción de algunas grandes empresas y Fundaciones que hacen su parte, pero sin la implicación, que es vital, tejido económico y social gallego.
¿No...?
