Desde que el señor Conde Pumpido, entonces fiscal general del Estado, dijo aquello de que las togas pueden mancharse con el barro del camino -o algo parecido-, y más allá de que la idea permitía múltiples interpretaciones, quedó abierto el debate sobre el cómo había de ser el papel de esos profesionales en la política. En la directa y en la que generan, quieran o no, algunas de las decisiones que toman, porque no todos se entienden -lo que resulta hasta cierto punto lógico- por la gente del común y, lo que es peor, no pocos creen escasamente independientes, aunque no les quede más remedio que acatarlas.
No se refiere, quien esto escribe, solo a una de las más llamativas sentencias con consecuencias políticos inmediatas, que fue la de la Audiencia Nacional en el caso "Gürtel", sino a otras, pintorescas, acerca de lo que se puede entender como "libertad de expresión", por ejemplo, y sin agotar el catálogo. Aquella provocó un efecto colateral tan notorio como un cambio de Gobierno y, estas, la posibilidad de que algunos actúen con violencia al menos verbal contra otros sin que eso se tenga por delito. Lo que, por cierto, beneficia a los sectores más radicales y rupturistas.
A partir de ahí era inevitable que el debate -o la polémica, según se mire- llegase también no ya al efecto de los tribunales, sino directamente al de los jueces. Y la creciente aparición de sus señorías en las listas electorales, sobre todo -pero no solo- de la izquierda, ha encendido la alarma en una parte nada desdeñable de la sociedad a la que preocupa el sectarismo de unos cuantos de ellos, por más que se encuentren en situación de excedencia. Y causa inquietud el número de los que con frecuencia pisan charcos en los que el barro abunda y salpica por doquier. Hasta el punto de que se duda de sus decisiones anteriores y, por supuesto, de las que puedan tomar una vez que vuelvan a sus destinos.
El último caso que podría situarse en ese marco son las declaraciones del juez y ministro Grande Marlaska, que en el mejor estilo de muchos de sus predecesores, echa la culpa de problemas actuales a "la herencia recibida". Se trata en concreto de la cuestión de la emigración llamada "ilegal" y el hecho de que España está recibiendo miles de personas a raíz -para parte de la oposición- del episodio del buque "Aquarius", que tuvo tanto de humanitario como de propagandístico. El rol del magistrado Grande, mero repetidor de las consignas gubernamentales, pone para no pocos en duda su objetividad cuando regrese a su profesión y refuerza la opinión de que a los jueces, como a otros funcionarios, no se les permita la política o, si sí, que al menos no puedan volver a un ejercicio que exige independencia.
La cuestión tiene que ver con Galicia, por supuesto, porque cuando el "Aquarius" fue autorizado a dirigirse a España, el titular de la Xunta declaró como tal que Galicia se prestaba a acoger a parte de los que viajaban en el barco. Y como el nuevo presidente del PP denuncia ese "efecto llamada" y afirma algo obvio, pero polémico -que aquí no caben todos los que quieren venir-, el señor Feijóo debiera concretar su postura y aclarar si considera vigente aquella oferta y si comparte la tesis de que harían falta en este Reino no pocos de los emigrantes para compensar la despoblación que padece Galicia.
¿Verdad??
