En una fecha como la de hoy, que dispone de varias denominaciones para que cada cual pueda celebrarla como quiera -desde Día de Galicia pasando por el da Patria Galega hasta el dedicado a Santiago Apóstol, algo devaluado en cuanto al patronazgo de España-, apenas queda alguien en estos Reinos que no tenga en su recuerdo un nombre teñido por la angustia y el dolor: Angrois. Y en esa memoria está la lección de solidaridad generosa que los hombres y mujeres de los Cuerpos de Seguridad, de Protección Civil, de Sanidad, gentes del común, todos, dieron para ayudar en lo que fuera menester.
Por eso, también, resuenan aún las preguntas de por qué, cómo fue posible que decenas de seres humanos perdieran la vida de aquella manera. Preguntas que no obtuvieron todavía respuesta solvente, porque ha caído sobre ellas, y otras, la sombra de una duda agrandada por el silencio, quizá culpable, de algunos y el ruido de otros buscando, para desgracia general, sacudirse la responsabilidad echándola sobre las espaldas de terceros o desarrollando, otra vez, el detestable juego de la política -con minúscula-, para de ese modo acallar conciencias.
Y el caso es que la única manera de aliviar ese dolor que tantas personas sienten después de cinco años es buscar la verdad y difundirla sin titubeos. Sabiendo que probablemente no será única, y asumiendo de partida que nadie, a buen seguro, quiso que pasara lo que pasó, y que fue un accidente. Pero de tal gravedad que no basta para explicarlo con la culpabilidad penal por una negligencia; las instrucciones judiciales, las contradicciones de técnicos y especialistas, los informes internacionales, hablan de otra cosa aún sin citarla: responsabilidad política.
Que algo tan importante quede sin despejarse, si es que existe de verdad, sería -en opinión de quien escribe- casi tan malo cómo el balance terrible de aquella noche. Eso, el contemplar cómo los tribunales llevan un lustro instruyendo, cómo los políticos han cruzado reproches y acusaciones sobre lo que en principio parecía sólo un terrible accidente -y muchos, aquí, así lo aceptaron de buena fe, entre ellos quien esto firma- exige información definitiva. A ella tienen derecho sobre todo las víctimas y sus familias, pero también Galicia. Toda Galicia.
Dejar sin satisfacción esa demanda, que ayer fue reclamada en las calles y en el lugar de la tragedia, sería una vergüenza que dejaría en mal lugar a la Administración, como vergüenza sería que los protagonistas del oficio público dedicasen su tiempo y su investigación a encajar los hechos reales con los que ellos suponen, unos y otros, para achacarse responsabilidades. Y, en fin, vergüenza también sería el que nadie se pusiese de acuerdo para aceptar los resultados de una investigación que, por ser parlamentaria, es de todos y en la que todos pueden participar. En ello va, de alguna manera, el respeto que a todos debe merecer la Cámara y su actuación representando a la soberanía popular. Eso es, en fin, el Estado de Derecho: respeto a la verdad y las reparaciones y correcciones que de ella puedan derivarse para que. sea lo que fuere el motivo de lo que pasó, no vuelva a repetirse.
¿O no??
