El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se verán el próximo martes en La Moncloa en un encuentro que debería servir, entre otras cosas, para disipar toda sombra de duda sobre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo anterior y que, mientras nadie diga lo contrario, se mantienen en vigor, así como para plantear otros asuntos de capital importancia para nuestra comunidad que esperan desde hace años una respuesta. La inopinada renuncia de Núñez Feijóo a optar al liderazgo del Partido Popular nacional le permite acudir a la cita sin la sombra de la sospecha: Sánchez recibirá al presidente de una comunidad histórica y no a un posible líder de la oposición. Y Feijóo le deberá trasladar cuestiones que tengan que ver con la defensa del interés general de Galicia y los gallegos. Así que, como no estamos ante el cara a cara de dos rivales directos en una futura contienda electoral, la cita tendrá que estar al margen de cualquier desconfianza.

El PP, y nominalmente Feijóo, han advertido desde el minuto uno de la Presidencia de Sánchez que este apenas podría gobernar, con 84 diputados en el Parlamento español, con un mínimo de autonomía. Que su mandato estará condicionado por los apoyos de Podemos y los grupos nacionalistas, catalanes y vascos. Que las grandes actuaciones del Ejecutivo socialista en los próximos dos años tenderán a satisfacer en gran medida a las formaciones que lo sostienen en el poder. Y que, en consecuencia, las demandas de Galicia, entre otras comunidades, corrían el riesgo de verse desatendidas, dilatadas en el tiempo o simplemente ignoradas. Estas manifestaciones, teñidas de desconfianza y sospecha, no son precisamente la mejor carta de presentación con la que acudir a La Moncloa. Pero el presidente Sánchez tiene ahora una excelente oportunidad para desmentir este discurso, explicitando un compromiso real y efectivo con las cuentas pendientes que el Estado tiene con nuestra comunidad.

La primera gran pregunta que deberá responder Sánchez a Núñez Feijóo es sencilla: ¿acabará el Ministerio de Fomento la conexión de la Alta Velocidad entre Madrid y Galicia en 2019, el último plazo ofrecido por el anterior titular de la cartera, Iñigo de la Serna? Las primeras declaraciones de su sucesor, Ábalos, no han contribuido en absoluto a disipar la incertidumbre. El nuevo ministro ha alertado, de forma genérica, de que gran parte de los planes y proyectos que heredó -es decir, los plazos de ejecución y la financiación necesaria- habría que revisarlos a fondo al detectar una ausencia de realismo. Para Galicia esta situación es sencillamente inaceptable. Llevamos esperando demasiado tiempo -casi dos décadas- por esa conexión, una obra interminable, nunca mejor dicho. Los gallegos hemos soportado con santa paciencia las continuas dilaciones y retrasos, sostenidos en no pocas ocasiones por excusas del mal pagador. Por cierto, una insostenible situación en la que los populares tienen también su parte de responsabilidad.

Pero no es el momento de cruzarse reproches y acusaciones sobre las responsabilidades de cada uno -algunas flagrantes-. Ahora toca acabar la Alta Velocidad en tiempo y forma. Dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo necesario para concluir esa conexión vital -apenas queda el 5% de la obra por licitar, pero el coste de algún tramo supera los 4.000 millones- para nuestra comunidad. Otra respuesta no es de recibo.

En todo caso, y pese a la idea falsa que algunos medios y partidos políticos intentan transmitir de forma machacona e interesada, la Alta Velocidad a Galicia no estará completa en 2019 o 2020. En ese momento solo una parte de la comunidad estará conectada directamente con el AVE porque otra, la del sur, todavía seguirá esperando por la conexión por Cerdedo, una reivindicación irrenunciable. Es sencillamente escandaloso que los gallegos del área más poblada de la comunidad tengan que hacer un rodeo por Santiago para conectarse con Madrid. Gobiernos de uno y otro color se han desatendido olímpicamente de esta cuestión capital, mostrando un desprecio sistemático a las demandas de todo un territorio que es el motor económico y demográfico de la comunidad. Esta situación debería cambiar de raíz, y pese a la amnesia reiterada de la Xunta, el presidente tiene la obligación de plantearla. Es de justicia. Porque Galicia es muchísimo más que Santiago y A Coruña.

El otro gran asunto es el del modelo de financiación autonómica. Galicia lleva mucho tiempo reclamando un trato justo que atienda sus dos grandes especificidades como región: la dispersión y el envejecimiento de la población. Estos dos factores, y sobran estudios que lo acrediten, inciden muy directamente sobre el coste de los servicios públicos. Una sociedad envejecida -y una cuarta parte de la población gallega supera los 64 años- supone un mayor coste en materia sanitaria -incluido el gasto farmacéutico- o de dependencia. Y una sociedad dispersa -en Galicia hay más de 30.000 núcleos de población- exige una ingente cantidad de recursos económicos para atender sus necesidades.

Feijóo ha defendido hasta ahora la singularidad gallega con escaso éxito. Durante dos mandatos, el Gobierno del PP no ha sabido o no ha querido dar satisfacción a su petición, escudándose en la necesidad de encuadrar el fenómeno gallego dentro del conjunto de la negociación de financiación con el resto de presidentes regionales. La consecuencia: Galicia sigue recibiendo fondos del Estado muy por debajo de sus necesidades reales.

La nueva ministra de Hacienda, María José Montero, ha reconocido que las comunidades están "infrafinanciadas". Ella, que procede de la Junta de Andalucía, debe conocer la materia de la que habla. De hecho, Susana Díaz se ha mostrado muy crítica y exigente con el reparto de recursos. Así que a la ministra le corresponde la difícil tarea de cuadrar el círculo, ofreciendo a las regiones más fondos. Ahora se trata de saber cuál es la capacidad real del Estado para satisfacer las demandas que les llegan desde los cuatro puntos del país.

Lo que ya ha dejado claro Montero es que la reforma integral del modelo de financiación no será posible en este mandato por "falta de tiempo", con lo que la solución tendrá un carácter provisional. Es deseable que ese nuevo reparto no se convierta en un mercado persa, en el que las comunidades más afines ideológicamente al Gobierno o aquellas cuyo voto es decisivo para sostenerlo -llámese País Vasco o Cataluña- vuelvan a salir beneficiadas. Sí, vuelvan, porque en este terreno al PP tampoco le asiste el derecho a indignarse, por cuanto su gestión se ha caracterizado por mimar a partidos nacionalistas a cambio de votos. El PNV y el País Vasco son maestros en pescar en Parlamento revuelto.

En el encuentro entre Sánchez y Feijóo podrían tener cabida otros muchos asuntos -la prometida para julio gratuidad del peaje de la AP-9 entre Vigo/Redondela o la transferencia de la titularidad de la autopista, una decisión a la que se opuso el Gobierno popular-, pero si la reunión logra arrojar luz -con datos y fechas y no solo buenas intenciones- sobre las asignaturas pendientes ya citadas, la comunidad saldría de la misma bien parada. Ahora solo cabe exigirle a uno y a otro altura de miras, lealtad institucional y cooperación. Pedro Sánchez tiene la obligación de decidir, gobernar, y no ser la oposición de la oposición. Y Feijóo el deber de defender el interés de todos los gallegos, y alejar de su discurso cualquier sesgo ideológico o partidista. Si cada uno entiende con claridad cuál es su rol en esta cumbre, todos saldremos ganando. Y de eso, únicamente de eso, se trata.