Vayamos al fondo del asunto, que ni siquiera va de independentismo o unitarismo. ¿En qué consiste eso de que un ayuntamiento declare a un ciudadano español "persona non grata"?, ¿qué potestad legal ampara esa declaración de que resulta odioso para una población que alguien la visite o celebre en ella algún acto?, ¿prevarica quien lo acuerda, caso de que no tenga amparo?, ¿cuál es su responsabilidad si luego la sociedad civil secunda la declaración y se produce un boicot?, ¿estaremos hablando o no de un brote menor, venial, simbólico si se quiere, del genio del linchamiento, fácil de emparentar siempre con el fascismo? Atención, estas preguntas valen para cualquier declaración como "persona non grata" de un conciudadano, sea cual sea su color político y el de la institución que hace la proclama, y no sólo para la que ha hecho el Ayuntamiento de Girona sobre el Rey Felipe VI.
