Una de las curiosidades más interesantes que han de plantearse en los días venideros al Gobierno del señor Sánchez es la de si atenderá las necesidades estratégicas de zonas periféricas como Galicia o si su condición de gabinete casi de gestión y apenas con media legislatura por delante lo obligará a concentrarse en las puntuales. Un asunto este que tiene poco de banal, y menos para este antiguo Reino, porque marcará la diferencia entre la esperanza en el futuro o -como otras veces- una suerte de resignación que poco contribuirá al necesario progreso.
El introito, con todo, debe ampliarse no ya a lo que el Gobierno proponga, sino a lo que la sociedad gallega reclame. Y en ese sentido preocupa que las primeras consideraciones remitidas al nuevo inquilino de la Moncloa sean una repetición de las antiguas demandas sobre el AVE o las algo más recientes acerca de otras infraestructuras y la que se refiere al Corredor Atlántico de Mercancías. Que son, desde luego, más que exigencias tácticas, pero que olvidan -o al menos retrasan- cuestiones vitales como la demografía, que exige un enfoque presupuestario diferente.
A partir de la idea, expuesta, de que el de don Pedro Sánchez es un gobierno limitado en el tiempo, el margen de maniobra que produce su minoría parlamentaria y unos Presupuestos que no son los suyos, reclamarle que ponga en vía de solución asuntos que llevan años sin abordarse parece mucho pedir. Pero si se tiene en cuenta que aún le quedan dos años y que, por tanto, en pocos meses elaborará sus cuentas para 2019, sí cabe advertir desde ahora, y llamar aquí al consenso, de que el de la demografía será para la población gallega un examen que el Gobierno debe aprobar. Porque cada vez hay menos tiempo para actuar y conceptos como el envejecimiento o la dispersión poblacionales no son ya tan solo una referencia abstracta.
Lo malo, y quizá lo peor, es que Galicia tiene aún más acentuado el déficit de su escasa relevancia política ante los poderes decisivos del Estado. No alcanzó la suficiente con el gobierno anterior, a pesar de su afinidad y de haber proporcionado al señor Rajoy en su momento un salvavidas con la mayoría absoluta del presidente Feijóo en 2016 y ahora, con un PSdeG marginal, que ni siquiera es capaz de hacerse oír en el nombramiento del delegado del Gobierno, la influencia será todavía menor. Por eso hay ya quien propone, a falta de otra cosa, rogativas en común.
Ocurre que ni el momento ni el entorno parecen propicios para encargar la tarea a las oraciones. Lo primero no se plantea por falta de fe, sino porque da la impresión de que los nuevos gobernantes no son receptivos a esa práctica. Lo segundo, porque sus posibles apoyos en la Cámara lo son aún menos, de forma que la fórmula que recomienda la Conferencia Episcopal -salvo en el caso de Cataluña, que en eso calla o repite la monserga del "diálogo", como los obispos del "procés"- para los casos perdidos, que es encomendarse a los poderes celestiales parece la única posible. Salvo que toda Galicia, por una vez unida en la procura de un objetivo colectivo, se ponga a presionar en serio y a recordar las muchas facturas que se le deben.
¿Eh...?
