Tal y como algunos habían supuesto, era cuestión de -poco- tiempo que a un cierto sector de la oposición, conocido por la temeridad de algunos de sus planteamientos -entendida como la costumbre de afirmar lo que no son más que suposiciones, y casi todas infundadas- se le ocurriese reclamar a la Xunta "información" sobre las acusaciones que el régimen venezolano de Maduro ha formulado contra la entidad Banesco en aquel país. Ninguna relación comercial ni económica la vincula con la gallega Abanca, pero aquí por lo visto hay quien sospecha "por si acaso".
Ese modo de proceder, que en cualquier organización medianamente seria resultaría inaceptable por sí misma, tiene como defecto adicional lo que podría considerarse como una confirmación de que el viejo y sectario eslogan de "cuanto peor, mejor" admite aquí variantes aún más feas. Por ejemplo la de que cuando no hay hechos que la permitan -y no se dice justifiquen, porque sería impropio-, los que la usan se los inventan o buscan el modo de crear algún tipo de confusión. A sabiendas por supuesto de que el objetivo final no es otro que hacer daño.
El aspecto más duro de semejante táctica es que el perjuicio causado no se limita a unos pocos ni al "malvado capitalismo" que aducen los falsos mesías del proletariado, siempre dispuestos a prometer paraísos inventados, sino que perjudican a sociedades enteras. Y no sólo comerciales: también, y muchas veces sobre todo, a las que están compuestas por gentes del común que sólo pretenden ganarse la vida con su trabajo y no con la sopa boba de esos "profetas". De los que Galicia, hasta ahora, no había tenido demasiados pero que, por lo visto, ya se multiplican.
En alguna parte se ha dicho que ese modo de hacer se puede calificar incluso de "antipatriótico", entendiendo por patriotismo todo aquello que, razonablemente, se puede llevar a cabo para beneficiar los intereses generales de la tierra donde se nace. O donde se trabaja y la gente se gana la vida, que algún refrán ya tiene matizado el asunto. Lo que está claro es que si no existe una definición exacta de lo que es, resulta más fácil hacerla de lo que no es; y en ese capítulo parece adecuado incluir cualquier actividad orientada a fastidiar. Como la que aquí se comenta.
Es por eso por lo que, expuesto con respeto, parecería más oportuno preguntarle al Gobierno de Venezuela, y no a cualquier otro, qué tipo de garantías democráticas y jurídicas existen en un Estado que encarcela en horas veinticuatro a los acusados de algún supuesto delito, cuando en ese plazo no hay tiempo ni de proporcionarle asistencia legal adecuada. Y, puestos a preguntar, procedería hacerlo al Gobierno de Madrid acerca de si se ha interesado por los derechos de los que, con pasaporte u origen español, se puedan ver afectados por una medida que hasta ahora nadie ha considerado adecuada a Derecho sino más bien un ardid electoral del sátrapa Maduro.
¿Eh??
