El " in pectore" presidente Sánchez asumirá las máximas responsabilidades de Gobierno en una situación de precariedad tal que solo cabe exigirle ponderación y acierto para reconducir la situación institucional hacia una cierta normalidad, desde el estado de excepción en el que se ha instalado la política española con ocasión del "problema catalán". La moción de censura estaba más que justificada, por razones éticas y de autoestima nacional, y a nadie se le escapa que la fragilidad que se deriva de la aritmética parlamentaria no sugiere un Gobierno de largo trazo temporal, siendo así que la convocatoria de elecciones no debe dilatarse excesivamente en el tiempo. Entretanto, todos los esfuerzos del Ejecutivo entrante deben centrarse, por encima de cualquier otro asunto, en el "rescate" de Cataluña y su reincorporación a la España constitucional. El reto es enorme y acaso excesivo dadas las circunstancias, pero independientemente del resultado final, le es exigible al presidente Sánchez la plena dedicación al asunto, por cuanto España se juega en este envite su propio ser. No va a encontrar demasiados aliados por el camino, por cuanto hereda un escenario desolador, propiciado por políticos que (especialmente en los últimos años) se han empeñado en cronificar el problema, anteponiendo sus tácticas partidistas al interés general del país.

La minoría parlamentaria, la radicalidad, la desconfianza y desafección instalada entre buena parte de los políticos catalanistas/nacionalistas y el pulso que se adivina por la captación del voto españolista entre el Partido Popular y la derecha emergente encarnada por Ciudadanos, configuran un escenario desalentador, al que se suman -tristemente- demasiadas voces dentro del propio PSOE que parecen haber abrazado las tesis del más reaccionario nacionalismo "menedezpelayismo", lo que constituye una dificultad añadida. Sin embargo, y más allá de las dificultades expuestas, al presidente de mi país, que encarna los valores de la izquierda, y del que presumo una idea de España, que aúne integridad territorial y fortaleza, al tiempo que respeto a la pluralidad y la diversidad, le es exigible entrega y compromiso -en este asunto crucial- hasta las últimas consecuencias.

No es sostenible, y mueve a escándalo, la situación de "excepcionalidad permanente" en la que se ha instalado la relación con Cataluña, con el expresidente y buena parte de su gobierno exiliado, la autonomía política intervenida y una serie de ciudadanos (políticos incluidos) encarcelados preventivamente, con grave quiebra del Estado de Derecho y de sus derechos constitucionales, todo ello al haber errado el diagnóstico, orillando la naturaleza política del asunto, para incardinarlo exclusivamente en el muestrario de delitos tipificados en el Código Penal, encomendando, en consecuencia, su tratamiento en exclusiva a los tribunales de justicia.

Escribo estas líneas apenas concluida la primera sesión de la moción de censura y me ha producido la máxima satisfacción escuchar al Sr. Sánchez -en clave de segunda opinión médica- rectificar el diagnóstico, para determinar la naturaleza política del problema, de la que se debe seguir una terapia bien distinta a la pautada hasta la fecha, y esta no puede ser otra que la reconducción de la situación al territorio de la política que le es propio, y que nunca debió abandonarse.

Soy consciente de que la excarcelación de los detenidos y la regularización de la situación de los exilados resulta un objetivo que está, en principio, fuera del alcance del Ejecutivo, residenciado en sede judicial; no obstante, la política de gestos, el correcto entendimiento del problema, y la instauración de un clima de diálogo constante con la sociedad catalana (políticos y sociedad civil) deben sentar las bases de una normalización que muchos españoles (también catalanes) anhelamos, y que España requiere para su propia supervivencia como proyecto de futuro. El deterioro de la relación es dramático, y la restauración de la confianza y el respeto mutuo tomará su tiempo, pero para ello resulta imprescindible que desde Cataluña se perciba nítidamente un vuelco en el estado de cosas, y esto en ocasiones supone simplemente algo intangible (clima político), aunque conviene no descuidar los aspectos materiales (financiación autonómica) preteridos durante los últimos años y sobre los que, asimismo, urge trabajar.

En definitiva, la moción de censura -y su éxito- constituye un mecanismo constitucional al servicio de la recuperación de la normalidad institucional, ante situaciones de emergencia de naturaleza política, y su activación se ha desencadenado por razón de una sentencia que viene a rubricar lo que constituía un secreto a voces: la constatación de los graves excesos -tolerancia, cuando no complicidad con la corrupción cuasi institucionalizada- cometidos por el partido del gobierno. No obstante, la promesa que encierra va más allá de la restauración de la ética en la actividad pública, toda vez que -quiero pensar- tendrá efectos benéficos sobre el mayor problema de España, la correcta articulación territorial del Estado.