La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil fue algo así como la tercera generación de una policía de carreteras en España, que sucedió a los cuerpos de Vigilantes de Caminos de la República (1933 y a la Policía Armada y de Tráfico del Franquismo (1941).
La creación oficial del nuevo cuerpo se produjo a mediados de 1959, pero una unidad piloto se puso en marcha a finales del año anterior, y un grupo de agentes especialmente seleccionados había realizado diversas intervenciones de forma experimental en carreteras madrileñas desde 1953.
Su primer servicio tuvo lugar el 7 de noviembre de 1958 y consistió en vigilar el tramo de la carretera N-V entre Talavera y Madrid durante un regreso de Franco al Palacio del Pardo, tras una visita a Cáceres. No hubo incidencia alguna.
El control de tráfico por la Guardia Civil en toda España se llevó a cabo de forma escalonada, según las circunstancias del cuerpo en cada provincia. El Subsector de Pontevedra aún tardó un año en constituirse y no adquirió carta de naturaleza hasta el 8 de septiembre de 1960. Esa falta de homogeneidad en su nacimiento operativo motivo la ausencia de una presentación oficial por parte del Gobierno Civil, e incluso la carencia de un anuncio previo sobre su entrada en funcionamiento.
Al día siguiente, la prensa local informó de un atestado realizado por la Guardia Civil en una carretera sin identificar de esta provincia sobre el choque de un automóvil portugués, que conducía Manuel Altinao, contra una motocicleta donde viajaba un matrimonio de Pola de Lena, José María Vélez y Olvido Álvarez, que sufrieron heridas graves. Quizá fue aquel el primer servicio del nuevo cuerpo, pero no constó como tal y pasó desapercibido.
Un total de diecisiete agentes motorizados compusieron el plantel inicial en Pontevedra de la unidad piloto de la Guardia Civil de Tráfico: siete integrados en la plana mayor ubicada en esta capital y cinco efectivos en los puestos de Lalín y Porriño. A mediados de 1961, el número de componentes se incrementó hasta veintiséis, y aquel mismo verano se creó otro destacamento en Cambados. El teniente Antonio Sánchez Hernández fue su primer jefe y desarrolló una brillante trayectoria profesional, que concluyó con un último ascenso a general de brigada.
Nueve meses antes de la entrada en funcionamiento de aquella incipiente unidad, también se creó en diciembre de 1959 la Jefatura Provincial de Tráfico. Este organismo oficial, que cubría la parte administrativa, ocupó provisionalmente unos exiguos despachos en el edificio del Gobierno Civil, junto a la Comisaría de Policía, y tardó bastante tiempo en disponer de unas unas dependencias propias y adecuadas.
El coronel retirado del cuerpo de Infantería, Manuel García-Lastra y Rivera, fue el primer jefe provincial de Tráfico. Entonces ocupaba el cargo de teniente de alcalde y delegado de tráfico del Ayuntamiento de Pontevedra, además de presidente de la Cruz Roja. García-Lastra era un hombre muy popular, dado que anteriormente había desempeñado la presidencia del Liceo Casino y del Pontevedra CF.
El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra contó pronto con un equipo de atestados y otro de auxilio en carretera. Uno y otro reflejaban bien la dualidad de sus obligaciones y competencias: por un lado, elaborar los partes de accidentes y emitir los informes técnicos sobre las circunstancias observadas; y por otro lado, prestar ayuda a los automovilistas en apuros, tanto técnicos como sanitarios.
El gobernador civil, Rafael Fernández Martínez, supervisó con mano de hierro la gestión del tráfico cuando pasó de la Policía Armada a la Guardia Civil. El teniente jefe Sánchez Hernández no solo presentaba un balance mensual de la actividad registrada, con todas sus incidencias, sino que mantenía también una audiencia personal con la primera autoridad provincial para trasladar su diagnóstico de la situación en cada momento y no soslayar ningún detalle.
La Guardia Civil de Tráfico no destacó inicialmente por su talante punitivo en las carreteras pontevedresas. Más bien al contrario, según atestiguan incontables testimonios. Los primeros agentes mostraron con frecuencia su lado comprensivo y pedagógico ante los conductores educados, que reconocían sus errores y aducían propósito de la enmienda. Su encorsetamiento o estiramiento, sin pasar ni una, corresponde a otra época más reciente.
Lo peor del régimen sancionador durante aquel tiempo no fue tanto su montante económico, como la pena de publicidad que llevaba consigo. Un día tras otro, la prensa recogía una detallada relación de multas impuestas por la Jefatura Provincial de Tráfico, que no solo indicaba la transgresión cometida contra el Código de la Circulación y el importe correspondiente, sino que incluía también como escarmiento público la identificación acusatoria del conductor Imprudente, con nombre y apellidos.
Fulanito de tal, 500 pesetas de multa por no ceder el paso a otro vehículo. Menganito de tal, 250 pesetas por no usar el intermitente derecho para facilitar el adelantamiento. Fulanito de tal, 250 pesetas por no hacer señales ópticas en un adelantamiento. ?.Descuidos tan nimios suponían una condena pública, que tenía mucho de castigo inquisitorial. Hoy sería impensable un sistema así.
Afortunadamente, la derogación de aquella medida tan inapropiada llegó con el relevo de Rafael Fernández Martínez por José González-Sama García. A las pocas semanas, el nuevo gobernador civil no rebajó el ritmo sancionador de la Guardia Civil de Tráfico, pero sí suprimió la nominación de los infractores en las notificaciones remitidas a los medios informativos.
El teniente Francisco Muñoz Martínez relevó poco después a Antonio Sánchez Hernández en el puesto de jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Pontevedra y marcó una época con sus aciertos y sus errores. Aquel no era un puesto para ganarse las simpatías de los conductores, más bien al contrario. Sin embargo, gozó de la confianza plena de sus superiores, puesto que permaneció al mando durante mucho tiempo.
