El penúltimo comunicado de ETA antes del anuncio de su disolución definitiva (prevista para el 5 de mayo próximo) se centró en una petición limitada de perdón a las víctimas de sus crímenes, ya que de los 853 asesinatos que le atribuye el Ministerio del Interior español excluye, sin cuantificar, a aquellos que tuvieron "relación directa con el conflicto", que solo le merecen unas palabras de respeto. A los partidos políticos, asociaciones de víctimas, terroristas arrepentidos, miembros cualificados de la judicatura y del clero, y medios de comunicación, no les ha gustado ese distingo que, aparte de parecerles copiado del comunicado final del IRA, desiste de colaborar en el esclarecimiento de más de 300 asesinatos. Entre ellos, presuntamente, los de tres jóvenes gallegos residentes en Irún que se habían desplazado a San Juan de Luz el 24 de marzo de 1973 para ver la película El último tango en París, que por entonces estaba prohibida en España por la censura franquista. Los tres jóvenes (Fouz Escobero, García Carneiro y Quiroga Veiga) desaparecieron sin dejar rastro y aunque el suceso se atribuye desde entonces a ETA la banda nunca lo reivindicó pese a que hay algunos indicios sobre su participación en los hechos.
Hay bastantes gallegos, desde guardias civiles, como José Pardines, natural de Malpica de Bergantiños, a políticos, como Miguel Ángel Blanco, en la lista negra de los crímenes de ETA, porque la emigración interior llevó a muchos de ellos y a sus familias a residir en el País Vasco por razones de trabajo. Aunque también hubo gallegos, como José Amedo, en las filas del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una organización parapolicial amparada por el Estado que asesinó a 23 supuestos etarras en territorio francés dentro de una operación encubierta de guerra sucia durante el gobierno de Felipe González. Al menos eso es lo que se deduce de la lectura de varias sentencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los juicios que se siguieron contra un exministro del Interior José Barrionuevo, un exsecretario de Estado Rafael Vera, un exgobernador civil, Julián Sancristóbal, un exsecretario general del PSE, Ricardo García Damborenea y varios altos mandos policiales.
La desaparición de ETA del panorama político español ha dado lugar a algunas reflexiones sentimentales (véase el arrollador éxito editorial de Patria) pero tendría también que dar pie a imprescindibles estudios históricos, sobre todo si se facilita el acceso a los archivos oficiales. Cincuenta años de siniestra actividad dan para mucho y hay que averiguar quién brindó apoyo, y para qué, a un conflicto que debilitó al Estado español e impidió de paso una evolución más razonable, y también más limpia, de su sistema democrático.
A primera vista, llama la atención que después de la amnistía de 1977 (que también benefició a los franquistas), ETA decidiera continuar con la lucha armada. Y también llama bastante la atención que su etapa de mayor actividad (64 muertos en 1978, 84 muertos en 1979, 93 muertos en 1980) coincidiera con el mandato de Adolfo Suárez. Un presidente que no entró en la OTAN, no reconoció al Estado de Israel y envió observadores a la Conferencia de Países no Alineados.
