A la vista de cómo va el asunto, no es de extrañar que la Xunta, y en concreto su conselleiro de Presidencia, esté más que harto del juego que practica el comité de huelga en el sector de Xustiza. Y no solo por lo que tiene de absurda la especie de "yenka" -un baile de moda hace años que se practicaba con el sonsonete de "adelante, adelante, atrás y un, dos, tres"-, sino por cuanto de provocación tiene esa táctica en la negociación sobre un conflicto en la Administración Pública. Una táctica que, además, busca ante todo el desgaste personal y político de la Xunta.
En ese sentido, resulta de todo explicable el hartazgo del equipo del señor Rueda por los intencionados titubeos de sus interlocutores. Es humano e inteligible por cualquiera que se ponga en su lugar y, sobre todo, para los millares de ciudadanos afectados directamente por la huelga en sus legítimos intereses. Pero el conselleiro, que es además nada menos que vicepresidente del gobierno gallego, ha de tener en cuenta precisamente esa doble condición, que le obliga a tener más paciencia que el resto y sobre todo a no caer en las trampas que le tienden solo con el objetivo de desgastar su imagen. Con ellas y con los aparentes titubeos que, como queda dicho, solo pretenden alargar el conflicto.
En ese sentido, como opinión personal de quien la escribe y sin pretensión alguna de dar consejos a quien no los necesita, es probable que su señoría debiera meditar la decisión de dejar en manos del comité la iniciativa para nuevas reuniones. Primero, porque, le guste o no, cuanto más tiempo pasa es peor para las partes, y sobre todo para la tercera, que son los ciudadanos/as. Y en segundo, porque ellas/os podrían reclamar a la autoridad democrática que imponga una solución dentro del marco legal. Al fin y al cabo, eso también es gobernar.
(Es verdad que la palabra "imposición" resulta antipática muchas veces, y que no pocos la utilizan, a sabiendas de su legalidad bajo el imperio de la Ley -y de su necesidad en momentos determinados- como sinónimo de autoritarismo, en una interpretación tan falsa como sectaria. Y en ese sentido, don Alfonso y colaboradores saben que su primera obligación es para con los ciudadanos en general, porque no tienen más defensa frente a una situación como esta que la que le proporcione la acción institucional cuando aparece el abuso de las libertades).
En cuanto a la actitud del comité de huelga, parece impropia de quienes traten en serio de buscar una solución que suponga beneficio para sus representados. Por varias razones: la primera y principal porque el margen de desacuerdo económico, que cifra en doce euros, no supone gran cosa para los funcionarios y, en cambio, puede que sí para un gobierno obligado a calcular en global y con límites presupuestarios. La segunda razón, porque aún no se ha explicado el motivo por el cual cuatro de las principales centrales -UGT, Comisiones, USO y CSIF- rompieron un acuerdo parece que por presiones de otras, más radicales. Y, en fin, por no agotar el catálogo, por la sospecha de que la ruptura pueda tener su origen en las elecciones sindicales. Y plantear todo ello no es cargar contra el sindicalismo: es reclamar argumentos para una actitud que, a lo que se ve, no entiende casi nadie.
¿No...?
