Pontevedra nunca tuvo una Casa del Pueblo propiamente dicha, pero su cometido como lugar de encuentro entre gremios, asociaciones y partidos, estuvo bien cubierto por el Centro Obrero. Ambas cosas se identificaron tanto durante los años 30 que el edificio en cuestión, situado entre Arzobispo Malvar y la plaza del Puerto o Muelle, se denominó de ambas maneras. Un escrito histórico indicó que "los muros de la Casa del Pueblo son los restos de los pazos que fueron de don Paio Gómez Charino?."
El advenimiento de la República, que precisamente ayer estuvo de aniversario, propició casas del pueblo por todas partes, hasta en los lugares más recónditos. Esta ciudad no se quedó atrás en tratar de cumplir ese anhelo.
La Federación Local de Trabajadores, que reunía a todos los gremios y tenía vocación de sindicato de clase, de carácter único y excluyente, lideró el proyecto ante el Ayuntamiento de Pontevedra. Para tal fin contó con el apoyo de los concejales agrarios y obreros, que eran minoritarios pero hacían mucho ruido. Su líder natural, Manuel García Filgueira, hizo suya aquella iniciativa y luchó lo indecible por levantar una Casa del Pueblo.
A través de su vicepresidente, José Veis García, la referida federación obrera solicitó a mediados de 1931 la cesión gratuita de un solar de 20x30 metros cuadrados en los malecones de El Borrón. Una vez conocida tal pretensión, la corporación municipal pidió los informes oportunos del arquitecto municipal, interventor de fondos y oficial letrado. Y luego solicitó la perceptiva autorización del Ministerio de la Gobernación.
Durante ese ínterin, Veis presentó otra instancia con un cambio de lugar y también de estrategia: en vez de El Borrón propuso como emplazamiento "el solar contiguo a la fábrica de cuero de los señores Echevarría", que estaba al lado del viejo Mercado, y en vez de una cesión planteó una venta por parte del Ayuntamiento a precio razonable.
Antes de acabar aquel año, el alcalde Fernández Tafall comunicó a su corporación la negativa recibida por parte de la Dirección General de Administración Local. La respuesta oficial resultó demoledora y tenía carácter general:
"Los ayuntamientos -señalaba- no pueden hacer concesiones gratuitas de sus bienes patrimoniales con prejuicio evidente de otros servicios e intereses generales del vecindario, ni están inspiradas en esa finalidad las disposiciones legales que regulan dicha autorización".
Varios miembros de la corporación municipal no tiraron la toalla y trataron de encontrar alguna solución alternativa para satisfacer aquella petición. Incluso los concejales de derechas, Tomás Abeigón, Víctor Lis y Manuel Morán, estuvieron a favor y desempolvaron otras transmisiones de terrenos al Liceo Casino y la Plaza de Toros para seguir el mismo camino administrativo. Sin embargo, comprobaron que tales cesiones fueron en realidad meras permutas y, además, favorecieron al Ayuntamiento.
Pasado un tiempo más que prudencial, el asunto volvió a debatirse por el pleno municipal en marzo de 1933 con una doble propuesta: la cesión del terreno en El Borrón o en su defecto una subvención de 20.000 pesetas a tal fin. Todos votaron a favor de la primera, y la segunda también salió adelante, pero con la oposición de Fernández Tafall, Martínez Tiscar y Rey Juncal. El alcalde nunca vio con buenos ojos aquella cesión que chocaba frontalmente con la oposición del secretario municipal y, sobre todo, del Gobierno de Madrid.
La corporación municipal llegó a autorizar a Fernández Tafall la firma de la escritura de cesión, así como a permitir el vallado del solar. Sin embargo, la Casa del Pueblo nunca se construyó por razones no bien precisadas.
Probablemente la Federación Local de Trabajadores no contó primero con el dinero necesario para afrontar la obra en medio de una crisis galopante. Y después, cualquier ayuda económica se volvió imposible tras el triunfo del centro-derecha a finales de 1933. Un nuevo Gobierno radical-cedista amparó la destitución de la corporación municipal y su sustitución por otra de orientación bien distinta y más moderada.
A partir de entonces, la situación no dejó de complicarse y el Centro Obrero-Casa del Pueblo estuvo en el ojo del huracán. Para reforzar su poder, la Federación Local de Trabajadores exigió que cualquier contratación de obreros en Pontevedra se circunscribiera única y exclusivamente a sus afiliados. Su pugna con la Sociedad Patronal fue continua y y toda iniciativa que desafió aquel principio pagó muy caro su osadía.
El promotor José Conde sufrió en verano de 1934 tres atentados en quince días: primero, trataron de incendiar su chalet en Bora; luego, pusieron una bomba en el edificio que estaba construyendo en la carretera de Ourense con trabajadores no afiliados a la Casa del Pueblo, y después quemaron su garaje en el Campo de la Feria, con un coche Hispano-Suiza en su interior.
Los patronos contaron con el apoyo de la Cámara de Comercio, Cámara de la Propiedad y Círculo Mercantil. El gobernador civil, Diego Fernández Gómez, prometió medidas severas y decretó la clausura de la Casa del Pueblo, al tiempo que impuso fuertes sanciones a sus principales directivos, con García Filgueira a la cabeza. Todos acabaron en prisión por impago de las multas, pero enseguida salieron en libertad ante la amenaza de una huelga general.
Una semana después, las fuerzas del orden, con la benemérita al frente, descubrieron un alijo de armas y materiales para fabricar explosivos en los talleres del Tranvía Eléctrico. La operación se saldó con cuatro detenciones, entre ellas, el presidente del sindicato de tranvías, José López Janeiro, y el secretario de la Confederación Nacional del Trabajo, Enrique Vázquez Cortegoso. El ambiente social no dejó de calentarse más y más con el paso del tiempo.
La Casa del Pueblo acogió la tarde del 25 de junio de 1936 un mitin en favor de la autonomía de Galicia, que cerró Alexandro Bóveda. A media mañana del día siguiente, unos obreros que acudieron allí para comer descubrieron una bomba con mecha, lista para su activación. La Policía dedujo que había sido colocada la noche anterior tras el mitin autonomista, pero nunca detuvo al responsable.
La historia del Centro Obrero-Casa del Pueblo terminó bruscamente con su incautación al iniciarse la Guerra Civil.
