A la vista de las decisiones de la Audiencia Provincial de Lugo anulando una serie de pesquisas que en diferentes localidades del Levante español había ordenado la señora juez De Lara, quizá no estorbe alguna reflexión. Expuesta, como siempre, desde el absoluto respeto a las decisiones de las diferentes instancias, pero también con el ánimo de recordar que no es la primera vez que se anulan mandatos de doña Pilar, algunos de ellos especialmente controvertidos por sorprendentes, ya que parecían transformar la operación Pokemon en una especie de causa general contra la forma de adjudicar muchos contratos.
Naturalmente, la que precede es una opinión personal que comparte la de no pocos expertos que han criticado el modus operandi de su señoría e incluso elevado quejas corporativas por algunas instrucciones de la jueza y, también, la aparente dispersión de sus investigaciones con la consiguiente y excesiva duración de los trámites. Ahora, la Audiencia Provincial de Lugo, en los textos de sus autos -recogidos por la agencia Europa Press- incluye algunas de esas consideraciones, por cierto rechazadas antes varias veces por el Consejo General del Poder Judicial.
Los profesionales del Derecho suelen decir que un asunto no está terminado hasta que se agota el último de los recursos ante los tribunales competentes. Pero es también cierto que el iter merecería una atención mayor que la que en apariencia se le ha dado y que escritos de disconformidad que por su origen -colegios de abogados de Galicia, por ejemplo- pueden considerarse serios. Algo que no descalifican per se la actuación de la titular del lucense Juzgado número 1, pero sí deberían suponer una reflexión pensando sobre todo en los justiciables.
Y es que, en el fondo, si es cierto eso de que una Justicia lenta es injusta, los principales perjudicados son los ciudadanos y ciudadanas que en momentos concretos han de comparecer ante los tribunales. Los retrasos perjudican a todos, pero especialmente a quienes resulten inocentes porque el tiempo perdido les causa un daño colateral casi siempre severo. Y más aún si se les acusa de la comisión de delitos o se les investiga precisamente por la sospecha de haberlos cometido y esa investigación se prolonga demasiado. Durante el trámite, honor, imagen y familia quedan afectados y el remedio, si llega, puede ser aún más lento.
En este punto es necesario añadir que la lentitud de que se habla viene motivada por la reiteradamente denunciada escasez de recursos de todo tipo y que supone una muy excesiva carga de trabajo no sólo para la tarea de los jueces, sino en su conjunto de todo el personal de la Administración de Justicia. Eso es así y se acepta incluso por los gobiernos que son o han sido, aunque -con matices- ninguno puso remedio suficiente. Pero esa reflexión obligada debiera influir en que se recuerde el refrán según el cual "quien mucho abarca, poco aprieta". No es propio, quizá, del mundo judicial, pero podría servir para evitar que, pasado el tiempo, haya habitantes de estos reinos que deban preguntarse "¿y ahora, qué?" cuando hayan de afrontar consecuencias que no deberían haberse producido.
¿Verdad??
