Dicho con el mayor de los respetos, los números que ha publicado este periódico acerca de los salarios que perciben en Galicia los funcionarios públicos y los empleados de empresa privada deberían enrojecer a la patronal, en el caso de que tras sus recientes estertores aún le quede algo de conciencia. Y, de paso, provocar una reflexión entre los huelguistas de la Administración Pública, cuyas pretensiones -aparte la justicia que pudiera haber en ellas- son, en relación con lo otro, significativas y hacen aún más odiosas las comparaciones.
Y no se trata de cantarle aleluyas al Estado o a la Xunta por lo que pagan a sus trabajadores, sino de revisar las nóminas de ambos sectores: casi la mitad de los públicos supera los 2.400 euros -se supone que brutos- al mes, mientras un 12,5% de los privados no llega a los 740. O eso dicen las estadísticas, y con ellas a la vista habría que decir no tanto que los sueldos públicos -excluidos algunos- son elevados cuanto que los del sector privado alcanzan el umbral de la pobreza en una proporción alta en cierto modo y desde luego inaceptable.
Esa situación, resumiendo, supone una vergüenza para el empresariado gallego, aunque hay excepciones, y es una prueba más de que la crisis sirvió para rebajar costes, empezando por los de personal. Y se subraya la estadística sobre todo porque, además, demuestra sin discusión que la queja generalizada de que el país no está recobrando la normalidad -como proclama la propaganda oficial- tras el gran susto económico de los años 2007 al 2014 resulta más que justificada. Y que los macrocálculos de algunos expertos tienen una debilidad porque reflejan no tanto la auténtica realidad cuanto la que desean ver los gobernantes.
Es posible que en algún momento alguien pueda -y acaso hasta debiera- caer en la demagogia y decir o escribir que no estaría mal una prueba sencilla para comprobar la conexión entre los niveles retributivos de este antiguo Reino. Y así, verbigratia, remunerar a un porcentaje significativo de parlamentarios -diputados/as regionales, estatales o senadoras/es, por ejemplo- no ya con 740 euros al mes, sino con 1.000 para, al final de cada periodo, preguntarles qué tal les ha ido. Y anotar -o grabar- sus respuestas para, cuando recobrasen su nivel monetario, recordárselas.
Dicho todo lo anterior, pueden ahorrarse muchos de los habituales descalificativos -desde el de "demagógico" hasta el "mendaz" pasando por toda la escala-, porque como lo medible no es opinable y aquí no se ha generalizado igualando por lo alto y por lo bajo los salarios, parece válido obtener una conclusión: que la desigualdad es uno de los principales efectos de la crisis y seguramente el único que en vez de disminuir, aumenta. Y eso supone que el país en su conjunto avanza por un camino equivocado que lo puede llevar a un atolladero. Y que cuanto más tarde en reconocerse, peor le irá a la mayoría. A ver si se enteran de una vez los gobiernos, sean del color que sean.
¿Eh??
