La imputación, la pasada semana, de 13 agentes rusos por interferir a través de las redes sociales en la campaña presidencial estadounidense de 2016 ha sido considerada un salto adelante en la identificación de los esfuerzos de Moscú por debilitar a las democracias occidentales. La imputación, que en la práctica solo obligará a los agentes a extremar sus cuidados cuando salgan de Rusia, tiene la importancia de dibujar en detalle el modus operandi del Kremlin, cuyas líneas generales ya fueron expuestas en el informe encargado por Obama en 2016 a tres agencias de información (CIA, FBI y NSA). En ese documento se concluía que Rusia intervino en campaña para perjudicar a Clinton en beneficio de Trump, y que esa intromisión era un eslabón más de una cadena que se remonta a las hostilidades soviéticas de la Guerra Fría.
Ahora sabemos, además, que la operación tenía -¿tiene?- su cuartel general en San Petersburgo, donde un equipo de centenares de empleados del organismo denominado IRA (Internet Research Agency) trabajó -¿trabaja?- a tres turnos desde 2014 para atizar cuanto asunto fuera susceptible de dividir al estadounidense medio y muy en particular a los residentes en la docena larga de estados "púrpura" cuyos votantes pasan con facilidad del rojo republicano al azul demócrata y viceversa.
Si se acepta que el número de estadounidenses alcanzados por las intoxicaciones se cuenta por millones y que Trump ganó, por ejemplo, Michigan por 10.000 votos, el alcance de la operación no es despreciable. Incluso si, como sostienen las autoridades estadounidenses, no hay prueba alguna de que la interferencia haya llegado al jaqueo de los sistemas de cómputo de votos.
Sabemos, pues, que Putin cuenta con un arma poderosa que, se asegura con aparente razón, habría utilizado también en el "Brexit", la crisis catalana y, puede añadirse, en cuantos procesos resulten útiles a la voluntad rusa -tan legítima como la occidental- de sembrar división en el adversario. Legítima y ni siquiera ilegal, habida cuenta de la evanescencia jurídica de los cibermundos.
Sabido esto, lo siguiente es preguntarse cómo enfrenta Occidente estas ciberescaramuzas, que no son sino el escalón más bajo de los ciberataques y ciberguerras para los que la ONU ha pedido esta misma semana una regulación jurídica equiparable a la que rige para conflictos convencionales. Es difícil creer que EE UU limite sus pecados al "megaespionaje" desvelado por Snowden o que la UE ciña su labor de detección y contraataque al "East Stratcom", cuyo presupuesto para 2018 es de un millón de euros. Harán algo más, ¿no? ¿O es que los dirigentes occidentales pretenden que los ciudadanos juren por su moralidad y se resignen a aceptar que solo la pérfida Rusia osa manipular? ¿O es que acaso confían en que nadie perciba que la cuña rusa es un ropaje idóneo para encubrir carencias como las de Rajoy en la crisis catalana, imprudencias como la de Cameron con el "Brexit" o crisis de identidad como la que, hija del neoliberalismo, ha izado a Trump a la Casa Blanca?
Como quiera, el problema tiene mucho más alcance que las largas manos del Kremlin y de Occidente, y hunde sus raíces en un fenómeno que, por ahora, parece difícil revertir: la creciente tendencia ciudadana a tomar por información el batiburrillo que circula por las redes sociales. Y, de eso, la culpa no la tiene Putin.
