La financiación autonómica no es un mero reparto de recursos entre territorios sino un mecanismo para garantizar a todos los ciudadanos los mismos servicios. Exige un estudio profundo y objetivo acerca de cuánto cuesta prestarlos en cada comunidad. Y debe abordarse desde el consenso porque ese es el mandato que nos dimos en la última Conferencia de Presidentes.

Estas tres afirmaciones resultan una evidencia para todos los que creemos que la igualdad no es un concepto susceptible de someterse a subasta. Sin embargo, conviene repetirlas insistentemente para contrarrestar la tentación de quienes defienden que la reforma del modelo de financiación autonómica se aborde desde otros principios y con otros objetivos.

No existe ninguna motivación mayor que garantizar a todos los españoles los mejores servicios en condiciones similares, con independencia de donde vivan. Tampoco hay nada que impida evaluar con el tiempo suficiente todos los indicadores que deben tenerse en cuenta para configurar un modelo justo y proporcionado. Por exponer los que más afectan a Galicia, donde tenemos la mitad de los núcleos de toda España o donde el 25 por ciento de nuestra población es mayor a 65 años, es necesario darle el peso que requieren factores como la dispersión o el envejecimiento. Igualmente, un modelo que no tenga en cuenta el peso del gasto sanitario, que consume más del 40 por ciento de los recursos de todas las autonomías, será un sistema cojo.

Y, sobre todo, no hay ningún camino más adecuado que el debate y el acuerdo entre todos porque seguir un camino distinto es una opción que ya se exploró en el pasado y que fracasó. Es precisamente la experiencia la que hace incomprensible que siga habiendo voces defensoras de que la negociación del modelo de financiación se aproveche para intentar solucionar los problemas de una comunidad concreta.

El actual sistema ya es el fruto de aplicar esa teoría y la realidad es que ni siquiera agrada a la única autonomía con la que se dialogó y se pactó. En consecuencia, el primer acierto para el nuevo modelo de financiación es no repetir los errores del anterior.

Me consta que este objetivo es compartido por muchos de mis homólogos. Esta misma semana lo ratifiqué conjuntamente junto con los presidentes de Asturias y de Castilla y León, y con anterioridad también la presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró favorable a este método de trabajo. Es irrelevante si compartimos siglas políticos o incluso si nuestros intereses son coincidentes porque hay un principio que está por encima de todo: defendemos la igualdad y la solidaridad de los ciudadanos.

Galicia ha dado sobradas muestras de que es solidaria. Fuimos un ejemplo de responsabilidad cumpliendo con los objetivos de déficit todos los años, incluso durante los más difíciles de la crisis; y aceptamos que el Gobierno central fuese al rescate de aquellas que no lo hicieron, a través de fondos de ayudas que supusieron un desembolso de 167.000 millones de euros. No pedimos premios por ello, pero tampoco que se premie a los irresponsables.

Dejar crecer la impresión de que la lealtad está penalizada y que la queja y el chantaje es un camino aceptable sería una enorme injusticia pero también un pésimo precedente. Por eso, tengo la certeza de que el Gobierno central y la mayoría de las comunidades trabajaremos entre todos en un nuevo sistema para todos. Pondré mi voz y mi voto para que así sea.

*Presidente de la Xunta de Galicia