Así pues, a la vista de la apostasía independentista de la presidenta del Parlamento catalán y los que en la Mesa de la Cámara la apoyaban, y la lista de espera de exconsellers ante la puerta de la Audiencia Nacional para hacer lo mismo, va a resultar que al final los únicos líderes confesos de soberanismo van a ser los gallegos del BNG y algunos de EM. Que no parecen cómoda compañía para los que, frente a la ahora simbólica -Forcadell dixit- afirmaron su convicción constitucional ante la "república catalana" cara a posibles futuros pactos municipales.
Los efectos políticos del contagio voluntario que el procés produjo aquí podrían alterar también las perspectivas del discurso económico que la izquierda radical alimentaba más con el deseo que con indicios racionales. Porque el brusco descenso -un 35%- de la actividad comercial y el fuerte aumento del paro en Cataluña afectaron negativamente a los sectores que más habían padecido la crisis y por tanto que mayor alimento en votos aportaron a las filas de los que se presentaron como redentores de la clase trabajadora -y de los leales al "derecho a decidir" cada uno por su cuenta- para evitar que "España nos robe". Una paradoja sorprendente.
A partir de ahora, y sin dar por finiquitado ni mucho menos el proceso catalán -aunque su supervivencia no dependerá, como algunos ilusos creen, de que la renuncia de Carmen Forcadell cree escuela o sea un mentirijilla: luego vendrán los juicios, y ahí repasarás los dichos y los hechos y alguno se llevará un susto- habrá que esperar y ver. Razón de más para que el radicalismo gallego hiciese una reflexión siquiera interna y aceptase de una vez que para alcanzar su último objetivo tendría que darle la vuelta a la realidad. Al menos. O reformar a su gusto la Constitución, lo que parece aún más difícil.
Esa reflexión, conste se le debería reclamar también al PSdeG, de forma especial cara a los futuros pactos locales. Porque sin una renuncia expresa al soberanismo, parecería disparatado que los socialistas los firmasen con indepentistas, algo que ocurrió antes del estallido catalán pero que ahora resultaría extraño en un país normal. Y las excusas del menor alcance político de esos acuerdos a nivel local, o de que se trata de "estabilizar la gestión", solo se las creen ya los conversos recientes, y ni siquiera en su totalidad. Y abren expectativas que solo los necios ignorarían.
De modo que, dicho con todo respeto -porque el independentismo, en opinión de quien escribe, no debe criminalizarse como idea sino cuando incumple la ley democrática-, es posible que la reforma de la Constitución, que dicen se prepara, no haya de reducirse a cuestiones territoriales o de financiación, sino corregir defectos estrepitosos en ámbitos como el electoral, el educativo, el de seguridad e incluso el institucional. Por ejemplo, para revisar el papel del Senado, que apenas sirve para algo excepto un rol decisivo en la cuestión de la unidad del Estado. Es raro.
¿No??
