Es posible que dentro de unos años, algún historiador secesionista y quizás afín la izquierda ácrata catalana (la CUP) retrate los acontecimientos de 2017 como los días en los que "el capitalismo internacional asfixió la legítima voluntad de los ciudadanos de liberarse del yugo español". Habría muchísimo que desmentir sobre la legitimidad y el yugo, pero lo del capitalismo va camino de ser cierto. La estampida de empresas que sacan sus sedes de Cataluña para proteger su actividad y su negocio es el contundente voto de la economía ante el incendio soberanista que una parte de la clase política ha prendido en Cataluña. Habrá quien lo quiera ver sobre todo como una manifestación más del dominio del dinero sobre la gente. Quizás sin reparar en que muchos de quienes están hipnotizados por los colores de la estelada y la retórica de la independencia no estarían donde están si sus representantes políticos hubieran dicho la verdad sobre las consecuencias económicas de la secesión.

Mas, Puigdemont y compañía prometieron el maná del "dividendo fiscal" -16.000 millones de una presunta ganancia en tributos cuya cuantía es muy discutida por los expertos no independentistas- y lo primero que se han encontrado es a La Caixa, el Sabadell, Cordiníu y hasta el Cola Cao deslocalizando sus sedes sociales y fiscales hacia el resto de España. El riesgo de que sucediera así, algo que el Govern conocía, no se explicó a la gente antes de poner la urnas el día 1 de octubre. Como tampoco se está explicando ahora, ni por los gobernantes ni por las propias empresas, que si persiste la tensión el problema irá más allá y con mayor sufrimiento para los catalanes. Es verosímil que detrás de las sedes vayan con el tiempo los centros operativos y puede que en no pocos casos también las instalaciones productivas, llegado el caso de una Cataluña independiente y fuera de la UE y del euro.

El cuento que se contó sobre la independencia era otro, incluso para la hipótesis de de una ruptura no pactada. En los documentos del Consell Assesor per a la Transició Nacional, formado por economistas y juristas pro-independencia, se decía que, si no se llega a un acuerdo con el Estado español y la posición de éste fuera beligerante, la Generalitat podría arreglárselas financieramente pidiendo prestados unos 5.000 millones al mes para pagar a los funcionarios, a los pensionistas y los gastos de la nueva Administración. Es otra cosa que Puigdemont y Junqueras no le están diciendo a la gente: que nadie les prestaría ese dinero con la que está cayendo y la que estaría por caer en caso de independencia unilateral. Puede culparse al capitalismo internacional, pero parece de sentido común.

El mercado ha votado: la independencia desinformada que pide una parte de los catalanes es de otra época, no del tiempo de la economía global. Han votado en esa dirección los fondos extranjeros que participan en el capital o son acreedores de los bancos y multinacionales, pero también centenares de medianas empresas de capital familiar que ven en peligro sus ventas y sus empleos. Y habrá que estar atentos a cuál puede ser la posición de Seat si esto continúa. A ver si el Govern le explica a la gente lo que puede significar que la filial de Volkswagen, el símbolo fabril de Cataluña, se mude de Martorell.