A estas horas, y con media Galicia forestal ardiendo, ya no se puede discutir que es tiempo de abandonar las lamentaciones y las especulaciones, y actuar. En el sentido y dirección que decidan quienes pueden y deben, que son las instituciones democráticas, pero con la única demora que conlleve el plazo de ponerse de acuerdo para tomar las medidas necesarias. Y quede clara otra cosa, aunque no pase de opinión: sería inaceptable cualquier motivo -que no razón- que se esgrima para no hacer piña con el Gobierno, la Xunta y quien tenga algo que ofrecer.
Resulta evidente que la sequía, las altísimas temperaturas, los fuertes vientos y los otros elementos atmosféricos que se puedan añadir son una parte sustancial de la catástrofe económica, social y ecológica que ahora está padeciendo Galicia. Pero el meollo de la cuestión no es el cambio climático, que seguramente también, sino la voluntad expresa -y acierta el presidente Feijóo cuando lo denuncia- de personas para hacer daño y para desestabilizar. Y por más que algunos, como siempre, satisfagan sus bajos instintos políticos hablando de recortes o fallos, este periódico acierta de lleno cuando califica de "terrorismo incendiario" lo que ahora acontece.
Pues bien, lo que ha quedado claro otra vez en esta tierra nuestra maltratada no tanto por unos cuantos enfermos mentales o ciertas negligencias, que siempre son posibles, cuanto por intereses de muy diferentes motivaciones, aparte la común de sembrar el caos y poner a la sociedad entera en un estado de ansiedad, es que las medidas a adoptar tienen que estar a la altura del mal causado. Y con respeto a las garantías que el Estado de Derecho otorga incluso a los peores delincuentes, aplicar la Ley con toda su dureza. Y si no es bastante para disuadir, modificarla.
Pero no basta con pedir la reforma del Código Penal si fuere menester. Procede exigir de los Servicios de Inteligencia que investiguen y descubran quién o quiénes están detrás de este terrorisno y por qué. Y si es cierto que -como varias veces denunciaron altas instancias de los poderes del Estado- existen una o varias tramas, políticas o criminales, o ambas, detrás del fuego, pruébese y aplíquese hasta el último detalle las responsabilidades y el correspondiente -que en ningún caso podrá servir para salir del paso- castigo. Con la Ley en la mano. pero con toda la Ley.
Item más. Que los culpables resulten señalados públicamente, con las pruebas pertinentes, para de seguido y si están estructurados, declararlos organización criminal. Y habrá que establecer la superficie quemada -una vez recuperada- como no urbanizable, pero no por un corto periodo sino para siempre y dedicarla a espacio público para esparcimiento, parques y arboledas. Y vigilar debidamente los mercados de la madera, amén de todo lo demás que se considere preventivamente necesario. Porque hay que defenderse.
¿O no??
